Consumo

La colaboración prestará especial atención a las relaciones comerciales en la intermediación del alquiler y la compraventa de vivienda

Esta colaboración se iniciará con la Serie de Vivienda, Consumo y Desigualdad

Madrid, 22 de abril de 2026.- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la Secretaría General de Consumo y Juego, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través del Instituto de Filosofía, han firmado un protocolo general de actuación para colaborar en el análisis del mercado de la vivienda.

La consejera envió 10.000 cartas a los inquilinos e inquilinas navarros que se pueden beneficiar de la prórroga de los alquileres para recordarles que tienen el derecho de solicitarla y un marco legal que les ampara

Bustinduy también ha inaugurado el I Congreso Multisede ‘Los cuidados que queremos’, organizado por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, que se ha celebrado este miércoles en Pamplona

La PAH y Bustinduy han coincidido en la importancia de convalidar la prórroga de los contratos de alquiler y lograr aprobar la moratoria de los desahucios ante el fuerte incremento de las rentas y del número de desalojos que se está produciendo en España

Bustinduy ha agradecido a la PAH su trabajo de divulgación y movilización para hacer efectiva la prórroga de los alquileres

• La OCU ha reclamado que, además de esta prórroga, se consoliden medidas que aborden “el problema de fondo” de la vivienda y que se haya más vivienda pública en alquiler y más seguridad jurídica

Madrid, 10 de marzo de 2026.- Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se ha reunido este viernes con representante de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) para abordar el problema del acceso a la vivienda en España y las necesidades que tienen las personas consumidoras y usuarias en este ámbito.

La inmobiliaria ha cometido seis infracciones tipificadas como muy graves y una como grave al vulnerar los derechos de los consumidores y aprovechar su posición de predominio de mercado

Madrid, 08 de abril de 2026.- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha multado con 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por llevar a cabo prácticas abusivas contra sus inquilinos al vulnerar los derechos de los consumidores aprovechando su posición de predominio de mercado.

• FACUA-Consumidores en Acción ha informado a sus más de 200.000 socios y socias de su derecho a solicitar la prórroga de los alquileres
• La asociación de consumidores ha reconocido las actuaciones del ministerio en materia de vivienda en una reunión con el ministro Bustinduy

Madrid, 07 de abril de 2026.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha reunido este martes con la presidenta de FACUA, Olga Ruiz, para abordar las cuestiones en materia de vivienda que se están llevando a cabo desde el ministerio.

●    La comunicación se dirige a diferentes actores clave, como inmobiliarias y fondos de inversión, que concentran o gestionan más de 100.000 viviendas en alquiler en España

●    Los inquilinos con contratos que caduquen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 pueden solicitar la prórroga de su contrato de alquiler con las mismas condiciones

El Ministerio de Consumo, que desplegó en la última campaña de Black Friday la mayor campaña de vigilancia y supervisión de falsas rebajas, ha colaborado con las autoridades europeas para detectar prácticas que vulneran los derechos de los consumidores

Consumo ya ha sancionado con 350.000 euros y la prohibición de reiterar estas prácticas a siete grandes operadores online por rebajas engañosas anteriores campañas de Black Friday

El ministro de Consumo firmó esta sanción a Airbnb por anunciar viviendas sin licencia de uso turístico, por ofrecer una licencia incorrecta, o por incurrir en publicidad engañosa al no ofrecer información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones

En julio de 2025, Consumo ya había logrado que Airbnb retirase 65.000 anuncios ilegales de su plataforma

La norma afectará a grandes superficies comerciales, de 400 metros cuadrados o más, y garantizará el derecho de las personas con discapacidad visual a reclamar etiquetado en braille en alimentos con alérgenos o productos con  sustancias peligrosas

El texto también recoge el derecho de las personas consumidoras con discapacidad visual a recibir atención personalizada durante el proceso de compra si así lo requirieran