Consumo

La organización agraria La Unió Llauradora i Ramadera ha remitido a Consumo la denuncia presentada ante la Generalitat por el etiquetado del arroz, que podría inducir a error al consumidor y agraviar al agricultor valenciano al ocultar el origen real del producto

El Ministerio de Consumo recuerda que la Generalitat Valenciana sigue sin poner en marcha sus competencias para realizar controles oficiales sobre la calidad y el etiquetado de estos alimentos, pese a las reclamaciones del Gobierno de España

El anteproyecto de ley busca limitar los riesgos que el consumo de estas bebidas puede provocar a los niños, niñas y adolescentes, en línea con la normativa en vigor en otros países europeos y algunas comunidades autónomas de España

Consumo ya anunció su propósito de prohibir el acceso a este tipo de bebidas hasta los 16 años, y a los menores de 18 años las que tienen una concentración de 3 2mg de cafeína por cada 100 ml

Casi el 40% de los adolescentes toma bebidas energéticas, según la encuesta ESTUDES que elabora el Ministerio de Sanidad

El Ministerio busca extender las pautas del Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles al primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años)

Además, los centros deberán adoptar las medidas necesarias para promover la lactancia materna tanto presencialmente como de forma diferida

La norma se sustenta en el Documento de consenso sobre la alimentación saludable y sostenible en el primer ciclo de Educación Infantil, elaborado por la AESAN y consensuado con las comunidades autónomas

Consumo consolida así el criterio de responsabilizar a la empresa distribuidora de la información que se facilite en los productos comercializados bajo su marca blanca, aun cuando no intervenga en el proceso de fabricación o envasado del producto

Con esta sanción se concluye el expediente que puso en marcha la Dirección General de Consumo y que tuvo su origen en una denuncia de la asociación FACUA-Consumidores en Acción presentada en 2024 ante el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy

El cobro de gastos de gestión inmobiliaria o formalización del contrato al arrendatario, la exigencia de una fianza superior a la permitida, o la imposición de indemnizaciones desproporcionadas por la demora en el desalojo del inmueble son algunas de las prácticas ilícitas más comunes

El ministerio ha identificado cuatro potenciales infracciones como la imposición de un seguro de impago al inquilino o la aplicación de una penalización desproporcionada por cada día de retraso en la entrega de la vivienda

El pasado mes de abril Consumo ratificó una multa de 3,6 millones de euros a otra gran inmobiliaria, Alquiler Seguro, por prácticas abusivas contra sus inquilinos

• En los últimos 14 años, los hogares que viven en una vivienda de su propiedad ha caído del 79% al 63,9%.
  • Lee más sobre La España de propietarios mengua: cae un 22% el número de hogares que posee un inmueble mientras los grandes tenedores cuadruplican su patrimonio

●    La carta ha sido enviada a un total de 541 empresas, como inmobiliarias, fondos de inversión o entidades financieras, que concentran o gestionan más de 50 propiedades en alquiler en España. En total, las empresas contactadas gestionan más de 50.000 viviendas en alquiler.

●    Los inquilinos con contratos que caduquen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 pueden solicitar la prórroga de su contrato de alquiler con las mismas condiciones, conforme al Real Decreto-ley 8/2026.

La colaboración prestará especial atención a las relaciones comerciales en la intermediación del alquiler y la compraventa de vivienda

Esta colaboración se iniciará con la Serie de Vivienda, Consumo y Desigualdad

Madrid, 22 de abril de 2026.- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la Secretaría General de Consumo y Juego, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través del Instituto de Filosofía, han firmado un protocolo general de actuación para colaborar en el análisis del mercado de la vivienda.

Los caseros o personas que perciben rentas por alquiler de vivienda habitual suponen un 4,9% de la población total frente al volumen de inquilinos, que constituyen el 20,8% de la población

Más de la mitad del alquiler particular en España está en manos de multiarrendadores: el 52,8% de las viviendas alquiladas por particulares pertenece a caseros que tienen dos o más viviendas en alquiler