Si se trata de la inspección periódica obligatoria de una instalación de gas canalizado, no debes pagarla en efectivo a la persona que acuda a tu domicilio. La distribuidora debe avisarte previamente de que corresponde realizar la inspección y puedes elegir que la haga la propia distribuidora o una empresa instaladora de gas habilitada. En ambos casos, el coste de la inspección se cobra a través de la factura de la comercializadora. Esta regla no se aplica necesariamente a otros trabajos de mantenimiento o reparación que hayas contratado por tu cuenta.

Debes cerrar inmediatamente la llave de paso del gas, ventilar la vivienda abriendo puertas y ventanas y no accionar interruptores eléctricos ni encender llamas. A continuación, contacta con el servicio de emergencias de tu distribuidora o con el 112. Nunca intentes reparar la fuga por tu cuenta.

Reclama primero ante el servicio de atención al cliente de la comercializadora, explicando el problema y aportando, si es posible, el contrato, la oferta, la factura y cualquier prueba del descuento prometido. Conviene utilizar un medio que permita dejar constancia de la reclamación y conservar su número de referencia o justificante. Si la respuesta no es satisfactoria, puedes acudir a los servicios públicos de consumo o a un sistema de resolución alternativa de conflictos, incluido el arbitraje de consumo cuando la empresa esté adherida o acepte someterse a él. También puedes acudir, en su caso, a la vía judicial.

Puedes reclamar ante la distribuidora, que es la responsable de realizar la lectura del contador, y, si esa lectura se ha trasladado a tu factura, también ante la comercializadora. Aporta la factura y, si es posible, una fotografía o lectura actual del contador. Si la reclamación afecta a la facturación o a tus derechos como consumidor, también puedes acudir a los servicios públicos de consumo. Si lo que cuestionas es el correcto funcionamiento del contador, puedes solicitar su comprobación y verificación al órgano competente en materia de energía o industria de tu comunidad autónoma.

Si el suministro de agua está contratado para una actividad empresarial o profesional, no se aplican con carácter general los derechos que la normativa de consumo reconoce a las personas consumidoras ni puede darse por supuesto que se apliquen las mismas condiciones que a un suministro doméstico. Por ejemplo, las condiciones para suspender temporalmente el servicio y volver a activarlo dependerán de la normativa autonómica o local aplicable, del reglamento u ordenanza del servicio y de las condiciones correspondientes a ese tipo de suministro.

Los derechos de las personas usuarias del servicio de agua se regulan en varias normas. Hay normativa estatal sobre aspectos generales, como la calidad del agua de consumo, la protección de las personas consumidoras y las bases del régimen local. Pero muchas cuestiones prácticas, como tarifas, altas y bajas, facturación, cortes de suministro, bonificaciones, reclamaciones o calidad del servicio, suelen estar reguladas por normas autonómicas, ordenanzas municipales y reglamentos del servicio de agua de cada municipio. Por eso, para conocer tus derechos concretos, conviene revisar la normativa de tu ayuntamiento o entidad suministradora y, en su caso, la normativa de tu comunidad autónoma.

Depende de dónde vivas y de lo que establezca el reglamento u ordenanza del servicio de agua de tu municipio, así como la normativa autonómica aplicable. La factura puede ser mensual, bimestral, trimestral u otra periodicidad prevista por la normativa o por las condiciones del servicio. La empresa o entidad suministradora debe informarte claramente del periodo facturado, de las lecturas del contador y de los conceptos que te cobra.