No. Los criptoactivos no son depósitos bancarios y, con carácter general, no están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos. Pueden tener una volatilidad muy alta y puedes perder parte o todo el dinero invertido. Aunque los proveedores de servicios sobre criptoactivos están sujetos a obligaciones regulatorias cuando prestan servicios en la Unión Europea, eso no convierte la inversión en un producto sin riesgo ni garantiza su valor. Antes de contratar, comprueba quién presta el servicio, qué autorización tiene y qué riesgos asumes.

El banco no puede obligarte a contratar productos vinculados prohibidos, pero sí puede ofrecerte productos combinados que mejoren el tipo de interés u otras condiciones si los contratas, siempre que te informe de forma clara y puedas valorar la oferta con y sin esos productos. Debe indicarte el coste de cada producto, cómo afecta a la hipoteca y qué ocurre si los cancelas más adelante. En seguros vinculados a hipotecas, debes poder presentar pólizas alternativas equivalentes sin que el banco pueda empeorar las condiciones por ese solo motivo si cumplen las garantías exigidas.

Es un trámite obligatorio en los préstamos hipotecarios sujetos a la normativa de crédito inmobiliario. Antes de firmar la hipoteca, el notario debe comprobar que has recibido la documentación precontractual, explicarte las condiciones principales y resolver tus dudas. También debe realizar un test para dejar constancia de que comprendes la operación. Este trámite no sustituye tu obligación de leer la documentación, pero refuerza la transparencia antes de firmar.

En los préstamos hipotecarios sujetos a la normativa de crédito inmobiliario, la entidad prestamista debe asumir, con carácter general, los gastos de gestoría, aranceles notariales de la escritura de préstamo hipotecario, inscripción registral y el impuesto de actos jurídicos documentados cuando proceda. La persona consumidora suele asumir la tasación y las copias notariales que solicite. Este reparto puede depender del tipo de operación y de la normativa aplicable en el momento de la firma.

Puedes reclamar si tu contrato contenía una cláusula abusiva que te obligaba a pagar gastos que no te correspondían. La viabilidad depende de la fecha del préstamo, de la redacción de la cláusula, de los gastos pagados y de los plazos de prescripción aplicables. Este punto ha sido muy litigioso y existen criterios judiciales sobre qué gastos pueden devolverse y desde cuándo se cuenta el plazo. Conviene revisar el caso con la escritura, facturas y justificantes de pago.

Es una comisión que la entidad puede cobrar al inicio del préstamo si está pactada y se informa de forma clara. Su validez debe analizarse caso por caso y depende, entre otros aspectos, de que la cláusula sea transparente, permita al consumidor conocer su coste y no resulte abusiva. No puede imponerse de forma oscura o sin información suficiente. Si consideras que no se explicó correctamente o que la cláusula es abusiva, puedes reclamar ante la entidad y, en su caso, acudir a los tribunales.

La dación en pago consiste en entregar la vivienda al banco para cancelar total o parcialmente la deuda hipotecaria. No puedes exigirla siempre de forma automática: depende de lo pactado, de que el banco la acepte o de que cumplas los requisitos de algún mecanismo legal o de buenas prácticas aplicable. Si estás en una situación económica grave, puedes solicitar al banco medidas de reestructuración, quita o dación en pago si cumples los requisitos previstos en el Código de Buenas Prácticas.

Es un mecanismo legal que permite a las personas físicas, incluidas las consumidoras, reordenar sus deudas y, si cumplen los requisitos establecidos legalmente, obtener la exoneración de determinadas deudas pendientes. Puede afectar a deudas bancarias, aunque existen deudas que no pueden exonerarse o que están sujetas a límites específicos. Debe estudiarse cada caso, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, los ingresos y el patrimonio, el tipo de deudas, los requisitos de buena fe y la existencia de garantías, como una hipoteca.

Primero debes reclamar por escrito ante el Servicio de Atención al Cliente de la entidad o, si existe, ante su Defensor del Cliente. La entidad debe responder, con carácter general, en 15 días hábiles si se trata de servicios de pago, como tarjetas, transferencias o recibos, y en un mes en las demás reclamaciones de consumidores. Si no responde dentro de ese plazo o no estás conforme con la respuesta, puedes acudir al Banco de España, a la CNMV o a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, según el tipo de producto o servicio, o a los tribunales.

Primero debes reclamar ante el Servicio de Atención al Cliente de la aseguradora o, si existe, ante su Defensor del Cliente. Si no responde en el plazo de un mes o la respuesta no te satisface, puedes acudir al Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. El informe que emita no tiene carácter vinculante. También puedes acudir a los tribunales.