No. Cuando una vivienda se ofrece en alquiler al público, no se puede negar el acceso ni imponer condiciones diferentes por motivos discriminatorios como el origen racial o étnico, el sexo, la edad, la discapacidad, la religión, la orientación o identidad sexual, la situación socioeconómica u otras circunstancias protegidas por la ley. Esta prohibición se aplica tanto a inmobiliarias y profesionales como a particulares que realizan una oferta pública de alquiler. Una discriminación puede dar lugar a responsabilidades administrativas y, en su caso, civiles o penales.

La información y la publicidad del alquiler deben ser claras, completas y veraces y no pueden inducirte a error sobre las características o condiciones de la vivienda. Si el anuncio no se corresponde con la realidad, conserva una copia porque puede ser relevante para reclamar. Si el arrendador es un particular, la reclamación frente a él se regirá por las normas civiles aplicables al contrato. Si el arrendador o la inmobiliaria actúan como empresa o profesional, se aplica además la normativa de protección de las personas consumidoras.

Si el arrendador es un particular que no actúa como empresario o profesional, el alquiler no constituye una relación de consumo frente a él. Esto no significa que carezcas de derechos: puedes reclamar conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos, el Código Civil y las demás normas aplicables, normalmente por la vía civil. Si interviene una inmobiliaria u otro profesional, su propia actuación sí puede estar sometida a la normativa de protección de las personas consumidoras.

Depende de la comunidad autónoma. La Ley de Arrendamientos Urbanos permite que las comunidades autónomas obliguen al arrendador a depositar la fianza en la Administración o en el organismo público que designen. Cuando exista esa obligación, corresponde al arrendador cumplirla. El procedimiento, la forma de comprobar el depósito y la documentación disponible para la persona inquilina dependen de la normativa de cada comunidad autónoma.

Sí, pueden pactarse garantías adicionales a la fianza, como un depósito o un aval, pero existen límites. En los contratos de alquiler de vivienda de hasta 5 años, o de hasta 7 años si el arrendador es una persona jurídica, el valor total de las garantías adicionales no puede superar dos mensualidades de renta.

En el plazo que se fije en el contrato. Si no se dice nada, la ley establece que se debe pagar durante los primeros siete días del mes.

Sí, puedes reclamar si la vivienda entregada no se ajusta a las medidas, superficie o características anunciadas. La oferta, promoción y publicidad son exigibles aunque su contenido no se reproduzca expresamente en el contrato, y la mera inclusión posterior de unas condiciones menos favorables en el contrato no elimina lo anunciado. Conserva los folletos, planos, anuncios, contrato, memoria de calidades y demás documentación para acreditar qué características se ofrecieron y comprobar la diferencia con la vivienda entregada.

Un contrato de arras es un acuerdo relacionado con la futura compraventa en el que normalmente se entrega una cantidad de dinero y se fijan las condiciones esenciales de la operación. Es importante comprobar qué consecuencias se han pactado, porque no todas las arras permiten desistir libremente. Si son arras penitenciales, el comprador puede desistir perdiendo la cantidad entregada y el vendedor puede hacerlo devolviendo el doble. En otros casos, las consecuencias del incumplimiento dependerán de lo pactado y puede llegar a exigirse el cumplimiento del contrato o la correspondiente indemnización. Si la compra depende de obtener una hipoteca, conviene dejar expresamente regulado qué sucede si finalmente no se concede la financiación.

Antes de firmar y de entregar cualquier cantidad a cuenta puedes pedir, en un soporte que puedas conservar, información sobre la identidad del vendedor y, en su caso, del intermediario profesional, el precio y las condiciones de pago o financiación. También puedes solicitar el certificado o cédula de habitabilidad, la superficie útil y construida, la antigüedad, los servicios e instalaciones, el certificado energético, las condiciones de accesibilidad y el estado de ocupación de la vivienda. Además, puedes pedir información sobre su situación registral, cargas y afecciones y, cuando corresponda, sobre su régimen de protección o protección arquitectónica y otros aspectos urbanísticos, técnicos o administrativos relevantes.

No es necesario otorgar escritura pública para que, con carácter general, la compraventa sea válida entre comprador y vendedor si concurren los requisitos legales del contrato. No obstante, es muy recomendable hacerlo. Para inscribir ordinariamente la adquisición a tu nombre en el Registro de la Propiedad necesitarás escritura pública, y la inscripción proporciona una protección mucho mayor frente a terceros y facilita acreditar tu titularidad. Si únicamente firmas un contrato privado, la compraventa puede ser válida entre las partes, pero no tendrás esa protección registral.