Sí, pero no de forma automática. La empresa puede beneficiarse de una presunción de exoneración si prueba que, atendidas las circunstancias del caso, la pérdida o el daño pudo resultar verosímilmente de determinados riesgos previstos legalmente, como deficiencias en el embalaje o marcado realizado por el cliente, manipulación efectuada por este, información falsa o incorrecta, transporte de animales vivos o plantas, la propia naturaleza de los bienes o determinadas operaciones de carga o descarga sobre las que la empresa hubiera advertido del riesgo. La persona que reclama puede, no obstante, probar que el daño no fue causado, total o parcialmente, por esos riesgos.

En primer lugar, reclama por escrito a la empresa de mudanzas con la que contrataste, explicando qué objetos se han perdido, su valor aproximado y qué solución solicitas. Utiliza un medio que permita acreditar la reclamación, como burofax, correo certificado, correo electrónico o la hoja de reclamaciones. La regulación concreta de las hojas de reclamaciones puede variar según la comunidad autónoma. Si la empresa no responde en el plazo máximo de quince días o la respuesta no es satisfactoria, puedes acudir a los servicios públicos de consumo o a una asociación de consumidores. También puedes acudir a la Junta Arbitral del Transporte: si la reclamación no supera los 15.000 euros, se presume que las partes aceptaron este arbitraje, salvo que alguna hubiera manifestado expresamente su oposición antes de iniciarse el servicio. Además, puedes acudir a los tribunales; si reclamas hasta 2.000 euros, no necesitas abogado ni procurador.

La enseñanza no reglada es la formación que no forma parte de las enseñanzas oficiales y que, por sí sola, no conduce a la obtención de un título oficial con validez académica. Puede impartirse por academias, centros privados u otras entidades, por ejemplo en cursos de idiomas, preparación de oposiciones, informática o formación especializada. La información y publicidad del curso deben ser claras y no inducir a pensar que permite obtener un título oficial cuando no sea así. Además, la normativa autonómica puede establecer obligaciones específicas de información sobre el carácter no oficial de estas enseñanzas.

La regulación de los derechos de las personas usuarias de academias y centros de enseñanza no reglada depende en gran medida de las comunidades autónomas. Por eso, las obligaciones concretas de información, publicidad, contratos, hojas de reclamaciones o control administrativo pueden variar según el lugar donde esté el centro o se preste el servicio. Además, se aplican las normas generales estatales de protección de las personas consumidoras y usuarias, publicidad, contratación y, en su caso, comercio electrónico. Si el curso se anuncia como oficial o vinculado a una titulación reconocida, también puede ser relevante la normativa educativa aplicable.

Sí. Si antes de matricularte te informaron o publicitaron que obtendrías un título oficial y finalmente el curso no lo permite, puedes reclamar por incumplimiento de lo ofrecido y, en su caso, por información engañosa. Según las circunstancias y la importancia de ese incumplimiento, puedes solicitar la devolución total o parcial del importe pagado y, si acreditas daños o perjuicios derivados de él, la correspondiente indemnización. Reclama primero por escrito al centro o academia. Si no te dan una solución, puedes acudir a los servicios públicos de consumo, a una asociación de consumidores, al arbitraje de consumo si la empresa está adherida o acepta someterse a él, o a los tribunales. La normativa específica sobre academias y enseñanza no reglada puede variar según la comunidad autónoma.

No necesariamente tienen que entregarte un documento denominado formalmente "contrato", pero sí deben facilitarte un recibo, copia o documento acreditativo en el que consten las condiciones esenciales de lo contratado. Además, antes de contratar deben informarte de forma clara sobre las características principales del curso, su duración, precio, forma de pago y demás condiciones relevantes. La normativa autonómica sobre enseñanza no reglada puede exigir, además, la formalización por escrito del contrato o establecer contenidos documentales específicos.

Depende de cómo se haya contratado la financiación. Si el préstamo es un crédito vinculado al curso, es decir, sirve exclusivamente para financiar ese curso y ambos contratos forman una unidad comercial, puedes reclamar también frente a la entidad financiadora si la academia no presta el curso o lo interrumpe. Antes debes reclamar a la academia por un medio que permita acreditarlo. Si no obtienes una solución, puedes oponer frente a la financiadora los mismos derechos que tendrías frente a la academia y pedir que no te sigan cobrando por un servicio no prestado. Si el préstamo no está vinculado al curso, la situación es más compleja y habría que revisar el contrato de financiación.

Si contrataste un curso semipresencial y la academia lo cambia unilateralmente a un formato totalmente online, puede estar modificando de forma sustancial una condición de lo contratado. Puedes reclamar que se respeten las condiciones pactadas o, si el cambio es suficientemente relevante, solicitar la resolución del contrato y la devolución de las cantidades que corresponda. El alcance de la devolución dependerá de las circunstancias y de las prestaciones ya recibidas; si el cambio frustra la finalidad del curso contratado, podría proceder una devolución mayor o, en su caso, total. La normativa autonómica sobre academias puede establecer obligaciones adicionales.

Si la academia te informó de que el curso duraría 2 años y finalmente solo ha durado 1, puedes reclamar por incumplimiento de lo contratado y, en su caso, por información engañosa. Reclama primero por escrito a la academia, indicando qué se te ofreció, qué se ha prestado realmente y qué solución solicitas. Puedes exigir que se cumplan las condiciones pactadas o, si el incumplimiento es suficientemente relevante, solicitar la resolución del contrato y la devolución de las cantidades que correspondan. Si la academia no responde en el plazo máximo de 15 días o la respuesta no es satisfactoria, puedes acudir a los servicios públicos de consumo, a una asociación de consumidores, al arbitraje de consumo si la empresa está adherida o lo acepta, o a los tribunales.

No como persona consumidora, si la reparación del taxi está relacionada con tu actividad profesional o empresarial. En ese caso no tienes la condición de persona consumidora a efectos de la normativa general de consumo y no puedes invocar los derechos reservados específicamente a consumidores. No obstante, esto no significa que carezcas de derechos frente al taller: pueden seguir siendo aplicables la normativa específica sobre talleres de reparación, las condiciones del contrato y las reglas generales sobre responsabilidad por incumplimiento.