- En estos dos años, se ha aprobado un Real Decreto de ELA dotado con 500 millones de euros, 65 millones para el primer plan de protección de mujeres y niñas con discapacidad, 20 millones para la educación inclusiva y atención temprana, y más de 5 millones para la formación de personas con discapacidad
- El documento hace una rendición de cuentas, ofrece detalles de los avances normativos, inversiones históricas y las medidas que se adoptarán para garantizar la autonomía, la inclusión y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad
Madrid, 24 de febrero de 2026.- Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha presentado este martes en el Consejo de Ministros un informe sobre las actuaciones emprendidas por el Gobierno para dar respuesta al renovado artículo 49 de la Constitución Española dos años después de su aprobación. El 15 de febrero de 2024, se produjo la primera reforma social de la carta magna gracias a un amplio consenso en el Congreso de los Diputados, que permitió consagrar, al máximo nivel normativo, los derechos de las personas con discapacidad.
En cuanto a la inversión, en estos dos años, el Congreso de los Diputados ha aprobado un Real Decreto de ELA dotado con 500 millones de euros; las becas Reina Letizia han destinado 5,1 millones de euros a la formación las personas con discapacidad; se han aprobado 20 millones de euros para la educación inclusiva y atención temprana del alumnado autista y se ha aprobado el primer plan para proteger los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, dotado con 65 millones de euros.
El informe señala a la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, que en diciembre de 2025 también recibió un amplio apoyo del Congreso para continuar con su tramitación parlamentaria, como la norma que va terminar de consolidar los cuatro pilares sobre los que se sustenta la reforma constitucional: inclusión, autonomía, accesibilidad universal y atención reforzada a las mujeres y a la infancia con discapacidad, por estar más expuesta a vulnerabilidad.
Entre otras muchas medidas, la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad va a crear un fondo para sufragar las obras de accesibilidad a los servicios públicos, incorporando obligaciones de accesibilidad en la vivienda, en la sanidad y el patrimonio histórico. En materia de dependencia, la reforma va a eliminar incompatibilidades entre prestaciones, actualizar la cartera de servicios y reforzar recursos esenciales para la autonomía como la asistencia personal y los servicios de proximidad y comunitarios.
Además, el documento recoge todos los avances normativos que ya han sido aprobados y puestos en marcha en cumplimiento del nuevo artículo 49, detallando los avances normativos e inversiones sin precedentes que han acompañado a la reforma y han ido consolidando un nuevo marco de garantías efectivas para la igualdad real de las personas con discapacidad.
- Desarrollo integral de la Ley ELA y el incremento de la inversión del Estado en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). A través de esta norma se ha creado el Grado III+, un nuevo grado de dependencia extrema que otorga protección específica y atención 24h a personas con enfermedades neurológicas que necesitan cuidados de alta complejidad. Para ello se han movilizado 500 millones de euros y se ha creado el derecho a una prestación de hasta 10.000 euros por paciente que es financiada en un 50% por el Estado.
- La aprobación de la primera Estrategia Estatal para un nuevo modelo de cuidados, que busca una transformación de los cuidados que reciben las personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo, adaptándose a sus necesidades y garantizando las condiciones que permitan a las personas con discapacidad permanecer en su hogar tanto como deseen. En su primer Plan Operativo, ha movilizado más de 2.000 millones de euros, en un esfuerzo conjunto de 13 comunidades autónomas y del Gobierno de España, para financiar un total de 695 actuaciones.
- La prohibición del despido automático por incapacidad laboral permanente aprobada por ley, que ha dado respuesta a una demanda histórica del colectivo social de la discapacidad y ha supuesto un avance sustantivo en la garantía de la inclusión laboral como elemento de la inclusión social que mandata la Constitución.
- La movilización de 20 millones de euros para reforzar la educación inclusiva y la atención temprana del alumnado con autismo, con carácter adicional a la inversión que ya realizan las administraciones educativas en esta materia. Esta inversión ha permitido a los gobiernos autonómicos aumentar la inversión en apoyos, tecnología y adaptaciones curriculares, así como a los centros educativos dotarse de los recursos necesarios para que el alumnado con autismo pueda ocupar espacios en condiciones de igualdad y no discriminación. Al mismo tiempo, se ha fortalecido el Programa Reina Letizia para la inclusión, una iniciativa dedicada precisamente a garantizar que nadie se quede atrás en materia educativa y que ha contado con una inversión de más de 5 millones de euros en cada convocatoria.
- La aprobación del primer protocolo estatal para la comunicación y atención a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia, orientado a reducir las vulnerabilidades particulares que experimentan las personas con discapacidad en situaciones de emergencias de protección civil y ofrecer plenas garantías de seguridad y protección.
- Además, el Gobierno subraya medidas para atender particularmente a las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad, como la aprobación del primer Plan de acción para la promoción y protección de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad (2025-2035), con una dotación presupuestaria que asciende a 65.156.207€. Este Plan aborda las necesidades específicas y la discriminación múltiple que sufren las mujeres y niñas con discapacidad en los diferentes ámbitos de la sociedad con el objetivo de promover la igualdad de trato y no discriminación eliminando sesgos machistas y capacitistas que cercenen sus libertades.
En su balance de los dos primeros años de vigencia, el Gobierno pone en valor que todas estas medidas han supuesto que la reforma constitucional no haya sido solamente una reforma simbólica, sino el punto de partida de políticas públicas efectivas que han permitido avanzar hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa con los derechos de las personas con discapacidad.
Inversión récord en Dependencia
El informe señala, además, el esfuerzo presupuestario sostenido en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). En 2025, la aportación de la Administración General del Estado alcanza un máximo histórico de 3.691 millones de euros. Este dato refleja que, desde la aprobación de nueva redacción del artículo 49 de la Constitución, la inversión del Estado en el SAAD se ha incrementado un 12%, lo que supone casi 400 millones de euros más invertidos.
A ello se suman más de 1.100 millones de euros transferidos en 2024 a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para consolidar un modelo de cuidados centrado en la comunidad y en la vida independiente, una inversión que busca garantizar la igualdad de oportunidades para que las personas necesitadas de cuidados y apoyos no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico.