Se trata de una reforma estructural que amplía las cuantías que el Estado transfiere a los gobiernos autonómicos por cada persona que tiene reconocido un grado de dependencia, y que implica duplicar las cuantías de las personas que requieren más apoyos
Este aumento de la financiación, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, quedará blindado por ley y supondrá que la aportación del Estado a la dependencia alcance un total de 7.239,4 millones de euros en 2027, el doble que la que hubo en 2025