- Pablo Bustinduy: “Debemos garantizar la seguridad en cada uno de nuestros países y para ello es ineludible un marco de cooperación internacional”
- España, a través del Ministerio de Consumo, ha sido la impulsora del acuerdo junto a Brasil, Costa Rica, Perú, Sudáfrica y Suecia
Ginebra, 11 de julio de 2025.- Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha clausurado este viernes la Conferencia de Naciones Unidas sobre Competencia y Protección del Consumidor, celebrada del 7 al 11 de julio en Ginebra. Durante la Conferencia se ha adoptado la primera resolución sobre seguridad de los productos de consumo, que ha sido impulsada por España, junto a Brasil, Costa Rica, Sudáfrica y Suecia. El texto promueve el desarrollo y la aplicación de normas y estándares claros y comunes, abarcando desde el diseño y la producción hasta la vigilancia de mercado, y refuerza el papel de las autoridades nacionales para tomar medidas eficaces ante productos peligrosos, así como de un marco de cooperación que amplíe la aplicación de los derechos de defensa de las personas consumidoras a un mayor número de países.
“Debemos garantizar la seguridad en cada uno de nuestros países y para ello es ineludible un marco de cooperación internacional. Es físicamente imposible garantizar la seguridad en cada país si no se hace en colaboración con los otros, y de ahí que esta resolución sea tan necesaria” ha sentenciado Bustinduy durante su intervención en la conferencia.
La 9ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Competencia y Protección del Consumidor es la reunión de más alto nivel a escala multilateral sobre competencia y protección a las personas consumidoras, involucrando a ministros, jefes de autoridades de competencia y protección al consumidor, y altos funcionarios de los Estados miembro El objetivo del encuentro multilateral ha sido fortalecer alianzas, así como contribuir a reformas significativas en leyes y políticas, y a una mayor aplicación de la protección a las personas consumidoras en los países en desarrollo. La resolución acordada solicita a la Asamblea General de la ONU adoptar, por primera vez, unos principios generales sobre la seguridad de los productos de consumo, reconociendo el derecho de todas las personas consumidoras, de cualquier país del mundo, a acceder a productos seguros.
España ha contribuido activamente a la redacción del acuerdo en el seno de la ONU, queriendo visibilizar un problema global y urgente, y la importancia de consensuar principios adaptables por cada país según sus circunstancias. El Ministerio de Consumo, a través de la Dirección General de Consumo, y en coordinación con nueve ministerios más, es el responsable en materia de vigilancia del mercado a nivel nacional, entendiendo en su función la protección de las personas consumidoras como una política de Estado, comprometida con los derechos y la seguridad de las personas, y con el impulso a la cooperación internacional como única vía eficaz ante desafíos globales.
El contexto actual, caracterizado por el crecimiento del comercio digital y las cadenas de suministro globales, el ministerio liderado por Bustinduy exige una acción conjunta y coordinada para garantizar la seguridad de los productos de consumo en todos los mercados. España defiende con firmeza la necesidad de fortalecer los foros multilaterales y considera que el avance hacia estándares globales solo es posible desde la cooperación, la solidaridad y el respeto a la diversidad de los marcos regulatorios nacionales.