- El Real Decreto-ley para topar precios en situaciones de emergencia fue aprobado en Consejo de Ministros y se aplicó por primera vez hace una semana para contener los precios de alojamientos en las zonas afectadas por las inundaciones. Esta medida tiene que ser ratificada este jueves en el Congreso
- Consumo ha llevado a cabo una vigilancia de mercado desde el 18 al 25 de febrero, mientras ha estado en marcha este mecanismo, y ha constatado que no se han apreciado incrementos de precios fuera de los rangos previstos en la normativa.
- El informe identifica esta norma como una herramienta eficaz para frenar las subidas automáticas de precios en las grandes plataformas de reserva online, especialmente en contextos en los que los sistemas de precios dinámicos automatizados pueden reaccionar al alza ante picos de demanda
- Bustinduy ha defendido la necesidad de topar los precios para que las empresas no puedan lucrarse en situaciones de emergencia gracias a los precios dinámicos
Madrid, 25 de febrero de 2026.- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha elaborado un informe en el que se constata que el tope a los precios en las situaciones de emergencia es una medida eficaz y, por lo tanto, necesaria para que los precios se contengan en distintas situaciones de emergencia. Consumo ha llevado a cabo una vigilancia de mercado desde el 18 de febrero hasta el día de hoy, mientras ha estado en marcha este mecanismo, y ha constatado que no se han apreciado incrementos de precios fuera de los rangos previstos en la normativa. En particular, tras el análisis de los rangos de precios y de las fluctuaciones del fin de semana, no se han comprobado indicios de superación del límite de la tarifa máxima permitida.
El pasado 10 de febrero el Consejo de Ministros aprobó un Real decreto-ley para poder topar precios y evitar abusos a los consumidores en situaciones de emergencia. Una semana después, el 18 de febrero, el Gobierno de España procedió a la intervención temporal de los precios de los servicios de alojamiento en 14 municipios de Andalucía y Extremadura, una medida excepcional amparada en esa normativa de respuesta ante situaciones de catástrofe. Esta resolución, motivada por los efectos de la borrasca Leonardo, tenía como objetivo fundamental prevenir el encarecimiento especulativo de los hospedajes en localidades como Grazalema, Jerez o Ronda, donde el desplazamiento de familias y el retorno de la actividad turística podrían generar distorsiones en el mercado. Una semana después, este informe de Consumo confirma que la norma ha funcionado y se ha garantizado que el acceso a servicios básicos de alojamiento no se haya visto comprometido por los algoritmos de las plataformas digitales ante incrementos súbitos de la demanda en zonas con poblaciones vulnerables o desalojadas.
El informe identifica esta norma como una herramienta eficaz para frenar las subidas automáticas de precios en las grandes plataformas de reserva online, especialmente en contextos en los que los sistemas de precios dinámicos automatizados pueden reaccionar al alza ante picos de demanda. El Gobierno ha actuado basándose en experiencias previas, como las ocurridas tras el accidente de Adamuz, donde se registraron incrementos significativos tanto en servicios de alojamiento como en alternativas de transporte al tren comercializadas a través de canales digitales.
Con esta medida se garantiza que la tecnología no se traduzca en incrementos de precios no justificados durante una situación de emergencia. Solo en el último año se han dado varias situaciones similares, como las denuncias por el aumento del precio de los VTC en el apagón del 28 de abril o las del incremento de precios de los vuelos a Galicia durante la oleada de incendios que sacudieron la comunidad el pasado verano.
Según Consumo, en esta semana no se ha hecho ninguna reclamación formal ni se han notificado incidencias por posibles incumplimientos de la norma ni al ministerio ni a ninguna de las instituciones competentes, autonómicas y locales, con las que se ha estado en constante comunicación y coordinación. Esta ausencia de quejas oficiales, subraya el informe, constata lo observado en la vigilancia de mercado y apunta al compromiso de los operadores del sector con la estabilidad de los precios durante el periodo de emergencia.
Bustinduy ha querido destacar además el comportamiento de los establecimientos hoteleros que se pusieron al servicio y ayudaron a sus vecinos y vecinas: “Han demostrado que la solidaridad no es una palabra vacía, sino un compromiso real que se activa cuando más se necesita. También han mostrado un contraste evidente con determinadas plataformas que, tras los llamados precios dinámicos, solo intentan convertir las emergencias en otra oportunidad de negocio”, ha asegurado el ministro.
En todo caso, el informe recuerda que cualquier persona que haya pagado un precio por encima de los límites legales establecidos en esta normativa tiene derecho a que se le devuelva la diferencia de forma íntegra. Además, se puede solicitar el reembolso directamente en el propio establecimiento. En el caso de que el local comercial se niegue a realizar el abono, la persona afectada puede presentar una reclamación oficial ante las autoridades de Consumo.
Este jueves se vota en el Congreso la convalidación de la norma, y el ministro ha lanzado una pregunta a los grupos: “¿Alguien quiere hacerse responsable de nuevos abusos en este tipo de situaciones? La medida de tope de precios temporal en situaciones extraordinarias aprobada por este Gobierno, y que tiene que ser ratificada esta semana en el Congreso, no beneficia a ningún partido, pero sí protege a nuestros vecinos y vecinas cuando, y ojalá no vuelva a ocurrir, llega lo inesperado”.