Discapacidad

La norma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, establece cómo debe garantizarse la accesibilidad cognitiva en ámbitos esenciales como centros sanitarios, telecomunicaciones, espacios públicos, infraestructuras, transportes, administraciones judiciales, espacios culturales o en procesos electorales

El decreto establece que toda información y comunicación deberá ser fácil de comprender y ofrecerse en formatos accesibles como lenguaje claro, lectura fácil, sonido, pictogramas, apoyos visuales o recursos tecnológicos sin coste adicional y sin retrasos

• Además, en igualdad de género se ha reconocido a un programa de prevención y atención a mujeres con problemas de salud mental de Canarias y al activista con discapacidad Rubén Calleja en la modalidad de defensa de los derechos humanos
• El objetivo de estos galardones es estimular y reconocer la trayectoria, dedicación y contribución de personas y organizaciones para que los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Estrategia Española de Discapacidad y del artículo 49 de la Constitución Española cobren sentido

Con esta reforma se blinda también la financiación del sistema de la dependencia, incorporando en la ley la obligación de que la Administración General del Estado asuma el 50% de la inversión

Además, se ha convalidado el real decreto-ley aprobado por el Gobierno para ampliar la financiación estatal de la dependencia, que supone el mayor incremento de la historia y que las CCAA vayan a recibir 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027

Esta cifra aprobada por el Gobierno podría ascender hasta los 970 millones de euros tras contabilizar los recursos que reciben los gobiernos de Euskadi y Navarra por el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra respectivamente

El nivel acordado para la financiación de la dependencia fue eliminado en el año 2012 y no fue recuperado hasta el año 2021, cuando se dotó con 306,9 millones de euros y comenzó una senda de crecimiento hasta alcanzar los 970 millones de euros actuales

La cifra alcanzará los 970 millones de euros tras contabilizar los recursos que reciben los gobiernos de Euskadi y Navarra por el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra respectivamente

Este nivel acordado para la financiación de la dependencia fue eliminado en el año 2012 y no fue recuperado hasta el año 2021, cuando se dotó con 306,9 millones de euros y comenzó una senda de crecimiento hasta alcanzar los 970 millones de euros actuales

Bustinduy ha instado a los ejecutivos de las CCAA a destinar esta histórica ampliación para seguir reduciendo las listas de espera, mejorar la intensidad y la calidad de las prestaciones que reciben los usuarios, y mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras

Además de este incremento estructural en la financiación del nivel mínimo de la dependencia, el ministro también ha trasladado a los gobiernos autonómicos que la aportación estatal para el nivel acordado volverá a superar los 900 millones de euros este año

Se trata de una reforma estructural que amplía las cuantías que el Estado transfiere a los gobiernos autonómicos por cada persona que tiene reconocido un grado de dependencia, y que implica duplicar las cuantías de las personas que requieren más apoyos

Este aumento de la financiación, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, quedará blindado por ley y supondrá que la aportación del Estado a la dependencia alcance un total de 7.239,4 millones de euros en 2027, el doble que la que hubo en 2025

En esta edición el programa estará dotado con 5.225.550 euros, y se ha previsto una dotación adicional de hasta casi 2 millones más, lo que supondría disponer de hasta 7 millones de euros

Este centro ejemplifica los principios que inspiran la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, orientada a garantizar el derecho de las personas a decidir cómo y dónde quieren vivir

Bustinduy señala que el Gobierno va a aumentar la financiación del sistema de la dependencia para transformar el sistema de cuidados: “Vamos a cumplir el compromiso de duplicar la financiación de la dependencia antes de finales de 2027”

El objetivo es asegurar que cualquier persona tenga garantizada la comprensión de este proceso y pueda acceder a él, en especial aquellas personas migrantes que no tienen el español como lengua materna o no están familiarizadas con el lenguaje administrativo