La Dirección General de Consumo conservará sus datos durante el plazo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la misma. Será de aplicación la normativa de archivos y patrimonio documental español.
Dicho plazo nunca excederá de los 10 años tras la resolución firme de la última solicitud o trámite realizado con la Dirección General de Consumo.