Se inicia el trámite de consulta pública para la transposición de la nueva normativa de Resolución Alternativa de Conflictos.
Desde el pasado 22 de junio y hasta el próximo 7 de julio, la ciudadanía podrá trasladar su opinión. El resultado de la consulta servirá de base para la elaboración del anteproyecto de ley que transponga la nueva normativa europea en la materia.
Madrid, 26 de junio de 2026. El pasado 22 de junio, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 inició la consulta pública previa al proceso de elaboración del anteproyecto de ley para la transposición de la Directiva Europa que modifica el marco europeo de resolución alternativa de litigios en materia de consumo (RAL).
En concreto, la futura ley transpondrá al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2025/2647 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2025, por la que se modifica la Directiva 2013/11/UE, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, así como las Directivas (UE) 2015/2302, (UE) 2019/2161 y (UE) 2020/1828 tras la supresión de la plataforma europea de resolución de litigios en línea.
La nueva norma tiene la intención de ampliar los ámbitos en los que se aplicará los mecanismos RAL, dando cobertura a los contratos en que los que se aportan datos personales como contraprestación, las relaciones contractuales de contenidos y servicios digitales, así como los conflictos surgidos en fase precontractual o tras la extinción del contrato. Además, se reforzará la protección en el comercio electrónico global, se permitirá la participación en el sistema a comerciantes establecidos fuera de la UE, que dirijan su actividad a personas consumidoras españolas.
Por otro lado, con el objetivo de hacer más eficaz y amplio el sistema, se introduce una obligación de respuesta para los comerciantes que sean invitados por una entidad RAL competente, que afrontarán consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento, así como garantías específicas para el uso de herramientas automatizadas en los procedimientos, incluido el derecho a solicitar revisión por una
persona física. Como novedad, la directiva incorpora mecanismos para posibilitar la presentación agrupada de reclamaciones masivas para los conflictos que afecten a un número elevado de personas consumidoras.
Por último, se actualiza el sistema institucional de apoyo, en particular los puntos de contacto nacionales y las redes de cooperación transfronteriza. En la consulta pública iniciada, podrán participar cualquier persona, empresa, asociación o entidad, dando traslado de su opinión mediante el cuestionario disponible en el portal de participación pública, hasta el próximo 7 de julio, fecha en la que concluye esta fase consulta, cuyos resultados servirán de base para la elaboración del anteproyecto de ley de transposición.
Se puede acceder al trámite de consulta publica previa a través del siguiente enlace:
https://www.dsca.gob.es/es/servicio-a-la-ciudadania/participacion-publica/proy-normativos/consultas-publicas