Rosa Martínez, Secretaria de Estado de Derechos Sociales, ha puesto el foco en las alternativas familiares para todos los menores tutelados y ha defendido un sistema basado en una atención más personalizada, estable y centrada en los derechos de la infancia
Zamora, 13 de mayo de 2026.- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Plataforma de Infancia han firmado este miércoles un convenio para impulsar conjuntamente la transformación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia en España hacía un modelo más familiar, comunitario y centrado en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. A través de este convenio, se acuerdan destinar hasta 20 millones de euros para financiar la transformación del modelo de intervención de unos 200 recursos residenciales, que suponen una de cada cinco plazas. El objetivo es que los niños y niñas tutelados por las administraciones públicas crezcan en ambientes reparadores, y lo más parecidos posibles a una familia.
En concreto, el acuerdo, que se ha presentado en el Congreso multisede sobre servicios sociales, cuidados y comunidad ‘Los cuidados que queremos’, contempla el acompañamiento técnico a recursos residenciales de todo el país mediante diagnósticos individualizados, planes de mejora y herramientas comunes basadas en la evidencia, especialmente en las teorías del apego y el trauma.
La iniciativa contará con financiación del Fondo Social Europeo Plus y el ministerio de Derechos Sociales seleccionará los proyectos para avanzar en este cambio de modelo. La Plataforma de Infancia, a través de su proyecto Hogarizar, aportará conocimiento especializado y capacidad técnica con las entidades del sistema de protección.
Algunas comunidades ya habían puesto en marcha iniciativas similares, pero la acción del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 permite escalarlas a la práctica totalidad del sistema de protección. En su discurso, Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, ha asegurado que “esta iniciativa es un antes y un después del sistema de protección”, al tiempo que recuerda que expandir el acogimiento familiar debe seguir siendo el objetivo fundamental de las administraciones públicas: “Los niños, niñas y adolescentes cuya guardia o tutela tienen las administraciones públicas tienen los mismos derechos que los demás a desarrollarse en un ambiente familiar que favorezca su pleno desarrollo”, ha subrayado.
La presidenta de la Plataforma de Infancia, Adela Piñeiro, también ha destacado que este convenio representa “una oportunidad real para transformar el sistema de protección, garantizando que las niñas, niños y adolescentes crezcan en entornos lo más parecidos posible a un hogar, con vínculos estables y acompañamiento profesional de calidad”. En este sentido, el convenio va a permitir garantizar una atención más personalizada, estable y centrada en los derechos de la infancia.
El convenio se enmarca en el ‘Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030)’, así como en las medidas propuestas por la ‘Estrategia para un nuevo modelo de cuidados. Un proceso de desinstitucionalización (2024-2030)’, orientadas a promover modelos de intervención centrados en la persona, de base familiar y comunitaria.