La Conferencia Sectorial de Consumo (CSC)
Es el máximo órgano de cooperación entre la Administración General de Estado y las Administraciones de las comunidades autónomas competentes en materia de Consumo.
En las reuniones de este órgano se definen las políticas de todo el Estado en materia de protección a las personas consumidoras.
Las Conferencias Sectoriales se encuentran reguladas en la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 147 y 148, con el fin de ejercer funciones consultivas, decisorias o de coordinación orientadas a alcanzar acuerdos sobre materias comunes.
El órgano ejecutivo de la Conferencia Sectorial del Consumo (CSC) es la Comisión de Cooperación de Consumo (CCC) que cumple los mandatos de la CSC y le presenta propuestas para su aprobación. Reglamento de funcionamiento
Marco Estratégico de Consumo 2022-2025
El último Marco Estratégico de Consumo (MEC) aprobado por la Conferencia Sectorial de Consumo (CSC) correspondió al período 2006-2009. Más de una década después, la CSC se dotó de un nuevo Marco Estratégico como instrumento eficaz que sirve de guía para la implementación de las acciones en defensa de los derechos de las personas consumidoras durante el periodo 2022-2025.
La Comisión Sectorial de Consumo (CsC)
Órgano dependiente de la Conferencia Sectorial del Consumo (CSC), cuya finalidad es la cooperación, la comunicación y la información entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, en aquellas materias que afecten a la defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias y la vigilancia de mercado.
Entre sus funciones, cabe destacar las siguientes:
La adopción de las decisiones y medidas para la ejecución de los mandatos de la Conferencia Sectorial del Consumo (CSC).
La constitución y control de las siguientes Secciones:
Control de Mercado.
Arbitraje de Consumo y Reclamaciones.
Información, Formación y Educación.
Normativa y movimiento asociativo.
Inspección y Procedimiento Sancionador.
La elevación a la CSC de propuestas para mejorar la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias: aprobación de las campañas nacionales de control de mercado; del Plan de Formación Continua Interadministrativo, evaluación de los trabajos que se llevan a cabo en las instituciones comunitarias y en aquellas materias que afecten al correcto funcionamiento del mercado y de la protección de las personas consumidoras y usuarias.
El estudio y la discusión de los asuntos que hayan de ser sometidos al Pleno de la Conferencia Sectorial. Reglamento de funcionamiento