El ministerio ha identificado cuatro potenciales infracciones como la imposición de un seguro de impago al inquilino o la aplicación de una penalización desproporcionada por cada día de retraso en la entrega de la vivienda
El pasado mes de abril Consumo ratificó una multa de 3,6 millones de euros a otra gran inmobiliaria, Alquiler Seguro, por prácticas abusivas contra sus inquilinos
Madrid, 21 de mayo de 2026.- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que dirige Pablo Bustinduy, ha abierto un expediente tras investigar a una gran inmobiliaria de España que alquila miles de viviendas en varias ciudades a lo largo del país, con pisos en varias comunidades autónomas.
Consumo identificó durante la investigación las siguientes cuatro potenciales infracciones por las que ahora se ha procedido a la apertura de este expediente a la inmobiliaria:
● La imposición a la parte arrendataria de un seguro de impago
● La incorporación de una cláusula de reconocimiento de negociación individualizada del contrato de adhesión
● La imposición de una penalización desproporcionada por cada día de retraso en la entrega de la vivienda
● La incorporación de una cláusula que impone al arrendatario gastos y penalizaciones injustificados en relación con los equipos de suministros y el cambio de titularidad de dichos suministros
Cada una de estas infracciones podría ser considerada como una cláusula abusiva y acarrear multas de hasta 1.000.000 € por cada una, o entre 6 y 8 veces el beneficio ilícito.
Tras la apertura de este nuevo expediente sancionador, la Dirección General de Consumo recuerda que la iniciación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación.
Multa a Alquiler Seguro
El pasado mes de abril, Consumo ratificó una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra sus inquilinos. La inmobiliaria cometió seis infracciones tipificadas como muy graves y una como grave al vulnerar los derechos de los consumidores y aprovechar su posición de predominio de mercado. La resolución devino firme y agota la vía administrativa después de que el ministro Pablo Bustinduy resolviese el recurso de alzada interpuesto ante él, y después de que la Dirección General de Consumo abriese un expediente sancionador a esta inmobiliaria por prácticas abusivas.