Lo ha hecho este lunes durante el acto organizado por Consumo para conmemorar el Día de las Personas Consumidoras, en el que se ha abordado la necesidad de proteger los derechos de los consumidores y fomentar un consumo responsable e informado
Antes del acto, Bustinduy se ha reunido con Ángel García Castillejo, vicepresidente de la CNMC, para abordar medidas como la vigilancia de precios o márgenes en coyunturas como la actual
Madrid, 16 de marzo de 2026.- Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha inaugurado este lunes el acto «Tus derechos no se rebajan, se defienden» en conmemoración por el Día de las Personas Consumidoras. Durante la jornada, centrada en abordar la defensa de los derechos de las personas consumidoras contra prácticas abusivas y la promoción de un consumo responsable e informado, Bustinduy ha hablado sobre el escudo social que el Gobierno de España va a aprobar este viernes en Consejo Extraordinario de Ministros en relación a las consecuencias sociales y económicas de la guerra en Irán, que el ministro ha calificado de “ilegal” y que, según ha asegurado, está siendo apoyada “sin fisuras” por la extrema derecha.
“Es absolutamente imprescindible recuperar un escudo energético que pueda proteger a las familias y a los consumidores más vulnerables respecto a los efectos inmediatos traídos por esta situación”, ha defendido Bustinduy, quien también ha subrayado la necesidad de “una intervención decidida en materia de vivienda para poder garantizar que esa protección cubra el que es el principal factor de desigualdad en nuestro país”, en referencia a la grave crisis de vivienda que sufren muchas familias por el alto precio de los alquileres.
Así mismo, el ministro ha demandado que las medidas en política fiscal que se tomen “para poder amortiguar algunas de las tensiones más evidentes en la formación de precios” tienen que ir acompañadas de “una regulación de los márgenes de beneficio por parte de las grandes corporaciones” con el fin, ha dicho, de asegurar que esas medidas de política fiscal realmente lleguen a sus destinatarios y “no se convierta en una oportunidad para realizar beneficios extraordinarios por parte de grandes operadores del mercado”, ha añadido.
Durante su discurso, Bustinduy ha subrayado que las políticas de consumo “juegan un papel determinante en nuestras democracias” y que deben estar en el centro de las políticas públicas “para proteger a millones de ciudadanos y ciudadanas”. Por ello, ha avalado los esfuerzos que, tanto en esta legislatura como en el anterior, se está haciendo desde el ministerio que lidera para “impulsar una concepción distinta de las relaciones de consumo” que tenga en cuenta que son relaciones que determinan “de manera sustantiva” nuestra participación en la vida social y que aborde “las profundísimas asimetrías que atraviesa nuestra sociedad” y que tiene como consecuencia desigualdades que se generan de manera cotidiana, ha recalcado.
A este respecto, durante el acto se han repasado algunas de las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Consumo en los últimos años, como la multa de 179 millones de euros a cinco aerolíneas lowcost por prácticas como cobrar suplementos por el equipaje de mano o por reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes; la sanción con 64 millones de euros a Airbnb por anunciar viviendas sin licencia; o las intervenciones contra operadores de juego online y falsas rebajas durante el Black Friday.
La jornada ha sido clausurada por Daniel Arribas, Director General de Consumo, y ha contado con las intervenciones de personas expertas en la materia como Isabella M. Weber, Profesora Asociada de Economía en la Universidad de Massachusetts Amherst, Ángel Garcia Castillejo, Vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia o Patricia Suárez Ramírez, Vocal del Consejo de Consumidores y Usuarios.
Antes del acto, Pablo Bustinduy se ha reunido con Ángel García Castillejo, vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para abordar medidas como la vigilancia de precios y márgenes.