- Nueve de cada diez personas en España apoyan esta prohibición según el último barómetro de la AESAN sobre estos productos
- Recientemente, el ministerio que dirige Bustinduy también anunció la puesta en marcha de una normativa para regular la publicidad de alimentos no saludables destinada a niñas, niños y adolescentes
Barcelona, 25 de febrero 2026.- Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha anunciado este miércoles que pondrá en marcha una normativa para prohibir la venta de todas las bebidas energéticas a menores de 16 años, y que esta prohibición se ampliará a los menores de 18 en el caso de las bebidas que tienen más de 32 miligramos de cafeína por cada 100 mililitros. Así lo ha detallado el ministro desde Barcelona, antes de reunirse con representantes de la Gasol Foundation, organización que combate la obesidad infantil con programas de promoción de la salud.
Bustinduy ha recalcado que esta medida cuenta con un amplio apoyo social, en referencia al barómetro sobre publicidad de alimentos y bebidas energéticas que adelantó la semana pasada la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) y, según el cual, nueve de cada diez personas en España está de acuerdo con esta prohibición. Y ha destacado que en este dato se incluye un apoyo también muy alto de los jóvenes, un 88,3% de los encuestados entre 18 y 35 años, apoyan prohibir las bebidas energéticas.
El estudio de la AESAN refleja también una percepción de riesgo clara sobre las bebidas energéticas. Por ello, el ministro ha recalcado la necesidad de regular su venta, teniendo en cuenta, además, otros datos que arroja el propio barómetro. Por ejemplo, que el 25% de los encuestados consume bebidas energéticas y que lo hacen dos veces por semana de media. Por otra parte, casi la mitad (el 49%) de quienes toman bebidas energéticas consumen al menos una al día, y el 47% las mezclan regularmente con alcohol.
Esta regulación se sumará a la prohibición de la venta de bebidas energéticas en los centros escolares de todo el país que impulsó el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy el año pasado, con la aprobación del Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles. Y viene precedida, además, por el informe sobre los riesgos asociados al consumo de bebidas energéticas que elaboró el Comité Científico de la AESAN en el año 2021 y que señalaba que un consumo excesivo de cafeína puede provocar efectos fisiológicos no deseados que van desde la alteración del sueño (tanto en el tiempo necesario para conciliar como en su duración), hasta efectos psicológicos y alteración del comportamiento, así como trastornos cardiovasculares. También cabe mencionar la labor del grupo de trabajo sobre bebidas energéticas, coordinado por la AESAN y participado por diversos ministerios y gobiernos autonómicos.
Así mismo, esta iniciativa va en línea con las medidas que están adoptando diferentes países europeos como Alemania, Noruega, Letonia, Polonia, Hungría o Lituania; y con normativa que se implanta ya en España por algunos gobiernos autonómicos como el de la Xunta de Galicia y el del Principado de Asturias, lo que -a juicio de Consumo- refuerza la importancia de armonizar esta legislación a nivel estatal y favorecer así la unidad de mercado.
Limitación de la publicidad de alimentos no saludables
En paralelo a esta medida, Bustinduy ha recordado que desde Consumo se pondrá en marcha una regulación de la publicidad de alimentos no saludables destinada a niñas, niños y adolescentes. “Son anuncios nocivos para su salud”, ha dicho, y ha asegurado que estas medidas responden a un “clamor social”.
Y es que el citado barómetro de la AESAN refleja también un amplio respaldo social a la necesidad de proteger la salud infantil ante prácticas publicitarias que fomentan el consumo de alimentos y bebidas con un perfil nutricional no saludable. Por ejemplo, casi el 80% de la población cree que habría que prohibir la publicidad de alimentos no saludables a menores. Y esto se suma o otros datos, preocupantes en palabras del ministro, como el de que en España cada niño reciba más de 4.000 anuncios publicitarios de comida no saludable al año a través de la televisión, lo que significa que recibe casi 11 anuncios de este tipo al día, 30 si se agregan otros canales de comunicación.
Bustinduy ha remarcado la importancia de proteger a la población infantil y adolescente de este tipo de anuncios y de que, de esta manera, nuestro país de un paso más para sumarse a las recomendaciones de organismos sanitarios como la OMS o la AESAN, que recalcan la importancia de restringir la publicidad de alimentos según su calidad nutricional, también como una de las claves para atajar la obesidad infantil, un problema que en España afecta especialmente a las familias con menos recursos.
Según señala la Organización Mundial de la Salud, la exposición a este tipo de publicidad de alimentos en las niñas y los niños incrementa la ingesta calórica, promueve el consumo de alimentos poco saludables y poco nutritivos, y tiene un impacto perjudicial y sostenido en el tiempo en su salud. Además, la OMS advierte de que la publicidad de estos productos utiliza técnicas persuasivas que pasan desapercibidas entre los más jóvenes, haciendo uso de influencers o de ídolos del deporte para su promoción, y apelando a un atractivo emocional que asocia estos productos a la diversión y al entretenimiento.
A este respecto, Bustinduy ha insistido en la necesidad de actuar frente a la presión publicitaria de estos alimentos, en muchos casos ultraprocesados y con un alto contenido en grasas, azúcares o sal, siendo muy calóricos y poco nutritivos. Y ha subrayado que otros países de nuestro entorno, como Portugal, Noruega, Reino Unido, Irlanda o Suecia, ya han adoptado medidas similares.
“En España, un 80% de las niñas, los niños y los adolescentes consumen alimentos y bebidas no saludables”, ha alertado Bustinduy, citando un informe de la Gasol Foundation sobre los hábitos alimentarios y la ingesta de nutrientes de la población infantil y adolescente en España. “Las empresas del sector tienen el deber de no promover el consumo de alimentos y bebidas que pongan en perjuicio el derecho a la salud en la infancia en nuestro país”, ha asegurado el ministro y ha defendido la acción normativa en este ámbito como una “cuestión de salud pública” y para “garantizar los derechos de la infancia”, aunque eso implique, ha dicho, “poner coto a los poderosos”.