El Congreso convalida el real decreto-ley que crea el título de familias monomarentales para darles acceso prioritario a ayudas y a políticas de conciliación

Mércores, 18 Novembro 2026 - 15:19
Bustinduy durante una intervención

Este miércoles se ha convalidado en el Congreso de los Diputados el real decreto-ley impulsado por Derechos Sociales que crea un título para reconocer oficialmente a las familias formadas solo por una madre o un padre y para garantizarles una mayor protección

La norma amplía, además, el título de familia numerosa a las monomarentales con dos hijos y a las que tengan un progenitor con una discapacidad a partir del 33% y más de un hijo

También se amplía la categoría especial de las familias numerosas a partir de cuatro hijos y a partir de tres en aquellas que tengan ingresos anuales inferiores a los 63.000 euros en total

Por otro lado, se ha convalidado el real decreto-ley, impulsado igualmente por Derechos Sociales, que habilita la inversión en dependencia para 2027 en un máximo histórico de 7.240 millones de euros y que garantiza el despliegue de la LAPAD tras su reforma

Madrid, 18 de noviembre de 2026.- Este miércoles se han convalidado, en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, dos reales decretos-ley que fueron aprobados la semana pasada en Consejo de Ministros por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales. Por un lado, el Real Decreto-ley 35/2026, de medidas urgentes para el reconocimiento y protección a las familias monoparentales y otras medidas de apoyo a familias. Y por otro lado, el Real Decreto-ley 36/2026 de medidas para el adecuado despliegue de la reforma del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Título oficial de familias monomarentales
Una de las medidas más destacadas del primer real decreto-ley convalidado es la creación de un estatuto jurídico estatal de las familias monoparentales, también conocidas como monomarentales, ya que más del 80% de estas familias (aquellas con solo una persona progenitora) las encabezan mujeres.
Y esto implica la creación de un título oficial de familia monoparental que supondrá un reconocimiento jurídico a estas familias y un mandato a las administraciones públicas para que ajusten sus servicios y establezcan medidas de protección económica y social en favor de estas:

●    Prestaciones familiares: La norma fija que se deben adaptar los requisitos de acceso y los umbrales de renta para las familias monoparentales en ayudas relacionadas con nacimiento, cuidado y crianza de hijos.

●    Ingreso Mínimo Vital (IMV): Su regulación debe adaptarse para evitar situaciones de discriminación hacia este tipo de familias, así como para flexibilizar determinados aspectos.

●    Inserción laboral y formación: Deben desarrollarse itinerarios de empleo dirigidos específicamente a integrantes de familias monoparentales, además de garantizar su acceso preferente a planes de formación. Han de impulsarse programas formativos y de recualificación adaptados a las necesidades de estas familias, y priorizar su participación en acciones formativas y programas de mejora de la empleabilidad.

●    Conciliación y formación: Los horarios y la organización de actividades formativas deben ser compatibles con las responsabilidades de cuidado, y, cuando sea necesario, debe haber una previsión de recurso de atención infantil asociados a estas actividades.

●    Becas y ayudas al estudio: Para que puedan acceder a ellas, habrá un tratamiento preferente para los integrantes de familias monoparentales, y será obligatorio revisar y adecuar la normativa estatal de becas para incorporar en ella la realidad que viven las familias monoparentales.

●    Bonificaciones en el transporte público y en servicios culturales, deportivos y de ocio: las administraciones deberán establecer exenciones y bonificaciones en el transporte público, urbano e interurbano, así como para favorecer su acceso a servicios culturales, deportivos o de ocio.

Además de las medidas específicas anteriores, se establece un firme mandato para que las distintas administraciones, en el ámbito de sus competencias, fomenten las medidas necesarias para que las familias monomarentales puedan afrontar las especiales dificultades y costes asociados al cuidado de hijas e hijos en solitario, incluyendo un acceso prioritario a medidas de cuidados y de conciliación, y no sean discriminadas en el acceso a derechos y servicios.

Además, supondrá una protección económica y social reforzada para las familias monomarentales en situación de vulnerabilidad con carácter general, con una especial atención y apoyo a las madres de estas unidades que sean víctimas de violencia de género o de violencia sexual, garantizándoles los derechos y la protección integral prevista en la normativa específica de atención en estos casos. Esta protección integral será extensible a las familias monoparentales que tengan un hijo o una hija con un grado III de dependencia, que el Decreto reconoce como colectivo de especial vulnerabilidad.

Ampliación del título de familias numerosas
El real decreto-ley convalidado este miércoles supone también ampliar los beneficios que otorga el título de familias numerosas a otro tipo de unidades familiares como las familias monomarentales que tengan dos hijos. También aquellas familias con un progenitor y dos hijos en las que uno de los progenitores tenga una discapacidad igual o superior al 33%.

Igualmente, se amplía la categoría especial del título de familia numerosa y ya no se otorgará a partir del quinto hijo, sino del cuarto. Así mismo, esta categoría especial incorporará a las familias de tres hijos cuyos ingresos anuales divididos por el número de miembros no superen el 150% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), es decir, para familias con tres hijos que ingresen menos de 63.000 euros al año (pagas extras incluidas).

Se refuerzan los fondos de garantía
Además, este real decreto-ley mejora los mecanismos de protección a las familias de la Seguridad Social en lo relativo a los fondos de garantía:

●    Se extiende la protección frente al impago de alimentos a colectivos especialmente vulnerables con necesidades permanentes de apoyo económico. Para ello, se amplía el ámbito subjetivo de protección del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos de forma que incorpore a personas mayores de edad con una discapacidad igual o superior al 65% o en situación de dependencia reconocida.

●    Se mejora el procedimiento de urgencia para el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, para el reconocimiento de los anticipos del Fondo. Este mecanismo podrá utilizarse cuando existan situaciones de especial vulnerabilidad económica o cuando la persona solicitante sea víctima de violencia de género. Además, se flexibilizan los requisitos probatorios y reduce los plazos de resolución administrativa, permitiendo una respuesta más rápida ante situaciones de necesidad inmediata.

Despliegue económico y normativo de la dependencia
La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados también ha convalidado este miércoles otro real decreto-ley impulsado por Derechos Sociales, en este caso el 36/2026, que habilita la inversión en dependencia para el año 2027 en un máximo histórico de 7.240 millones de euros, al tiempo que garantiza el despliegue de la LAPAD (Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia) tras la reforma de esta norma aprobada por el Gobierno de España, también a propuesta de Derechos Sociales, y convalidada en la Cámara Baja este año.

En el plano económico, la convalidación de este real decreto-ley implica consolidar el crédito necesario para que la inversión del Gobierno de España en el SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) alcance en el año 2027 la cifra histórica de 7.240 millones de euros, sumando los dos niveles de financiación estatal a la dependencia: nivel mínimo y nivel acordado.

Esta cifra representa un 124% más de inversión que en 2023, cuando comenzó la presente legislatura, y permitirá que la aportación a la dependencia por parte de la Administración General del Estado suponga el 50% de la financiación total del sistema, tal y como se estableció en el Acuerdo de Gobierno de coalición.

Por otra parte, este segundo real decreto-ley convalidado este miércoles ajusta la normativa reglamentaria de la dependencia al nuevo marco legal creado a partir de la reforma de la LAPAD, con el fin de asegurar la coherencia del sistema y facilitar la puesta en práctica de los nuevos derechos, servicios y prestaciones reconocidos a las personas en situación de dependencia.
 
En este sentido, la nueva norma modifica, entre otras cosas, la regulación de la teleasistencia, reconociendo este servicio para todas las personas en situación de dependencia, con independencia de su grado reconocido, se garantiza la prestación permanente las 24 horas del día, todos los días del año, y se declara compatible con el resto de servicios y prestaciones del sistema. Así mismo, se amplía la definición del servicio de ayuda a domicilio más allá de la vivienda para incluir apoyos en el entorno comunitario, se admite la prestación compartida del servicio entre varias personas usuarias y se garantiza que la atención compartida no reduzca la intensidad individual.