Con esta reforma se blinda también la financiación del sistema de la dependencia, incorporando en la ley la obligación de que la Administración General del Estado asuma el 50% de la inversión
Además, se ha convalidado el real decreto-ley aprobado por el Gobierno para ampliar la financiación estatal de la dependencia, que supone el mayor incremento de la historia y que las CCAA vayan a recibir 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027
El ministro Bustinduy ha destacado que esta “es la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo” y que, junto a la nueva financiación, va a traducirse en más derechos y en más autonomía para las personas en situación de dependencia y con discapacidad
Madrid, 14 de julio de 2026.- El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes por mayoría el texto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales para reformar las leyes de dependencia y discapacidad. Una reforma integral que supone refundar el modelo de cuidados en España, ofreciendo más derechos, servicios y prestaciones a las personas en situación de dependencia y a las personas con discapacidad, y menos burocracia. Además, blinda la financiación del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) incorporando en la ley la obligación de que la AGE (Administración General del Estado) asuma el 50% de la inversión.
Por otra parte, el Congreso ha convalidado también este martes el real decreto-ley aprobado por el Gobierno para ampliar la financiación estatal de la dependencia, que supone el mayor incremento de la historia para el sistema, y que las CCAA vayan a recibir 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027.
“Es la mayor reforma social en nuestro país en lo que va de siglo”, ha dicho Pablo Bustinduy, el ministro que ha impulsado este cambio normativo y esta nueva financiación, en una de las intervenciones que ha hecho este martes desde la tribuna del Congreso. Bustinduy ha asegurado que lo aprobado este martes en la Cámara Baja supone “una revolución y una transformación profunda” del sistema público de cuidados, y que responde “a las necesidades tanto de las personas que reciben cuidados como de quienes cuidan”.
El ministro ha explicado que la reforma de estas dos leyes avanza en el nuevo modelo de atención que marcó la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización desarrollada por Derechos Sociales. Esto es, cuidados basados en los derechos de las personas y en su voluntad de vivir en sus hogares y entornos próximos, con el objetivo de dejar atrás el modelo de las macrorresidencias y el enfoque asistencialista, para priorizar e impulsar apoyos personalizados. Así mismo, ha recalcado, convierte en ley lo establecido por el nuevo Artículo 49 de la Constitución Española, reformado en 2024, para ampliar los derechos y la autonomía de las personas con discapacidad y sus familiares.
Blindaje de la financiación de la dependencia
Bustinduy ha puesto en valor que esta reforma se aprueba al mismo tiempo que el Gobierno amplía la financiación del sistema de la dependencia, gracias al real decreto-ley convalidado este martes. Una nueva financiación que es estructural, ha indicado, porque modifica por ley las cuantías del nivel mínimo que la AGE abona a las CCAA cada mes, duplicándolas, y porque permite culminar el compromiso político que el Gobierno de coalición se fijó para esta legislatura de que la inversión estatal en dependencia alcanzar el 50% del total.
Una meta que, sumando esta ampliación en el nivel mínimo junto al reparto del nivel acordado, que se ha incrementado igualmente, se alcanzará entre 2026 y 2027 con esos 6.200 millones de euros adicionales que recibirán las CCAA. En total, el Gobierno hará una aportación récord de 7.239,4 millones de euros a las CCAA en 2027, el doble que la que hubo en 2025, y permitirá a los gobiernos autonómicos contar con más recursos para continuar reduciendo listas de espera, contratar más profesionales y ofrecer más y mejores servicios.
Este objetivo político del 50%, además, se convierte ahora en norma, ha subrayado el ministro, gracias a que la reforma introduce en la ley que la AGE debe asumir la mitad de la financiación, para así evitar posibles recortes en el futuro. “Hoy podemos dejar atrás la época de los recortes y la austeridad y blindar el sistema para caminar hacia un verdadero servicio público de cuidados, cercano, resiliente y debidamente financiado”, ha declarado.
Reforma en dependencia
En lo relativo a la ley de dependencia (Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia) la reforma incorpora a la norma modificaciones que permiten una ampliación del catálogo de servicios y de prestaciones para las personas en situación de dependencia, así como priorizar la voluntad y circunstancias de cada persona, y agilizar los procesos administrativos para el reconocimiento de su situación.
“Esta reforma supone que el sistema de cuidados se ajuste a la realidad social de las personas en situación de dependencia, y no al revés”, ha señalado el ministro Bustinduy, añadiendo que “se deja de tratar a las personas como meros números y las dota de derechos, dignidad y autonomía”. Además, ha reivindicado que esta reforma responde al desafío demográfico que enfrenta España en los próximos años, con una sociedad cada vez más envejecida. “Que la vida se alargue y las personas mayores tengan posibilidades cada vez mayores de bienestar y calidad de vida, es un logro democrático”, ha afirmado.
A continuación se detallan algunas de las principales medidas que incorpora esta reforma a la ley de dependencia:
● Eliminación del régimen de incompatibilidades
La reforma garantiza que las personas en situación de dependencia puedan recibir diferentes prestaciones sin que haya una incompatibilidad entre ellas. Además, la norma reforzará el derecho de cada persona a elegir el servicio o prestación que desea de manera que el sistema podrá ajustarse a las prestaciones que cada persona usuaria necesite. El PIA (Programa Individual de Atención) que elaboran los servicios sociales de las CCAA se flexibiliza para que el usuario pueda acceder a más servicios del catálogo. Por ejemplo, si una persona en situación de dependencia puede quedarse en su casa, podrá acceder a prestaciones combinadas como ir a un centro de día, y a la vez tener otras prestaciones como cuidados en el entorno familiar o teleasistencia.
● La asistencia personal se amplía y regula como servicio del catálogo
La asistencia personal queda blindada como servicio y podrá ofrecerse más allá del entorno domiciliario, que es el espacio al que estaba restringida esta ayuda hasta ahora. De esta forma, la persona que ofrezca una asistencia no solo atenderá a la persona usuaria en el domicilio, sino que también podrá acompañarla para realizar otras actividades básicas de la vida diaria como ir a hacer la compra o ir al médico.
● Ampliación del concepto de cuidadores/as
El texto reconoce a nivel normativo la figura del cuidador o cuidadora principal, y lo complementa con la figura de cuidador/a no profesional. Al mismo tiempo, reconoce que personas del mismo entorno relacional puedan ofrecer cuidados, asumiendo así los diferentes modelos de convivencia que hay. Esto garantiza que una persona, aunque no esté registrada como familiar, pueda ocuparse del cuidado de una persona en situación de dependencia. Por ejemplo, dos personas mayores que mantienen una relación, pero no están casadas, o personas que comparten un hogar sin una relación familiar entre sí.
● Teleasistencia como derecho subjetivo
La teleasistencia será reconocida de facto a toda persona que tenga reconocida una dependencia, garantizando así que este servicio sea un derecho subjetivo y que llegue a muchas más personas, también a otras que antes no podían acceder a él, como las personas con demencia. Además, se refuerza la teleasistencia como herramienta preventiva para evitar o retrasar la institucionalización, y permitirá hacer un seguimiento de cómo está el usuario a través de otros dispositivos como, por ejemplo, las pulseras geolocalizables.
● Cotizaciones y sustituciones de las cuidadoras
La reforma garantiza por ley que la AGE abone las cotizaciones de las cuidadoras principales (la mayoría son mujeres), así como la continuidad de los cuidados en caso de enfermedad grave u hospitalización de estas cuidadoras.
● Reducción de plazos para reconocer prestaciones
El plazo habilitado al gobierno de cada CCAA para resolver una prestación por dependencia se reduce a la mitad, pasa de 6 meses a 3 meses.
Reforma en discapacidad
Respecto a la ley de discapacidad (Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social), la reforma no solo constituye un paso decisivo para desplegar el mandato del renovado artículo 49 de la Constitución Española, sino que, además, consolida los derechos para las personas con discapacidad, situando como pilares la inclusión, la accesibilidad universal, la vida independiente y la autonomía personal.
Estas son algunas de las principales medidas que incorpora esta reforma a la ley de discapacidad:
● Reconocimientos automáticos de discapacidad
Se reconocerá automáticamente un 33% de discapacidad a aquellas personas a las que se les asigne un grado I de dependencia, y a las que obtengan un grado II o III podrán ser reconocidas con el 65% de discapacidad. De esta manera se desburocratiza el reconocimiento de la discapacidad, agilizando los procesos administrativos y reduciendo las listas de espera.
● Accesibilidad universal como derecho
Esta reforma reconoce la accesibilidad universal como un derecho, de forma que las personas con discapacidad podrán reclamar la accesibilidad en servicios o en edificios que sean públicos. Para ello, se creará, además, un Programa Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal que financiará las intervenciones que sean necesarias, como, por ejemplo, instalar rampas para sillas de ruedas, crear audiodescripciones, etc…
● Obras de accesibilidad en viviendas
Se modifica la Ley de Propiedad Horizontal para que las administraciones públicas tengan que ayudar económicamente a hacer obras de accesibilidad en edificios de viviendas y para que las comunidades de propietarios tengan que solicitar estas ayudas si alguna de las personas residentes así lo solicita. Además, se facilitan los requisitos para acceder a estas ayudas, rebajando del 75% al 70% el porcentaje de financiación de la obra a pagar por la comunidad de propietarios. Actualmente, se estima que en España hay 100.000 personas que no pueden salir de sus casas porque sus viviendas no son accesibles.
● Atención temprana como derecho subjetivo
La reforma fija por ley que la atención temprana es un derecho subjetivo para garantizar que los gobiernos autonómicos atiendan a todos aquellos niños y niñas (de 0 a 6 años) que presenten trastornos en el desarrollo o tengan riesgo de desarrollarlo. Es decir, cada familia con un niño o niña en esta situación podrá exigir ante su administración autonómica que se le proporcione el tratamiento sin que dependa de la disponibilidad presupuestaria o de plazas.
● Se prohíbe la discriminación en los seguros
Se prohíbe por ley una práctica que llevan a cabo algunos seguros de hogar o de salud de subir el precio cuando la persona que quiere contratarlos tiene una discapacidad. Se considera una práctica discriminatoria que será ilegal.
● Asistencia en procesos judiciales
Se regula la figura de un facilitador procesal que evitará situaciones de indefensión en los procesos judiciales de personas con dificultades. Esta figura será un puente entre los operadores jurídicos y esas personas.