La riqueza patrimonial de los hogares inquilinos es 87 veces inferior a la de los propietarios, 184 veces inferior a la de los arrendadores que alquilan una vivienda, y 450 veces inferior a la de los multiarrendadores
La posición en el mercado de la vivienda —ser inquilino, propietario o arrendador— tiene un mayor impacto en la desigualdad que la edad: las diferencias de renta y, sobre todo, de patrimonio entre estos grupos superan ampliamente las que existen entre generaciones
Las personas jóvenes no tienen menos riqueza por ser jóvenes, sino principalmente porque son inquilinas
El estudio advierte que la revalorización del parque residencial y la subida de precios de los alquileres no son fenómenos neutrales, sino que benefician principalmente a quienes ya son propietarios y dejan fuera a quienes no lo son
El informe, coordinado por Javier Gil, ha sido elaborado por el Ministerio de Consumo en colaboración con el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IFS-CSIC), a partir de los datos de la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España
Madrid, 7 de julio de 2026.- La renta de los multiarrendadores multiplica por cuatro a la de los inquilinos y por 450 su patrimonio. Así se desprende de un informe del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 elaborado en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IFS-CSIC), en el marco del Protocolo General de Actuación suscrito entre ambas instituciones, a partir de los datos la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España. Asimismo, otra de las conclusiones principales es que las desigualdades económicas en la población están determinadas principalmente por la posición que ocupan los hogares en el mercado residencial —ser inquilino, propietario o arrendador— más que por otras variables tradicionales como la edad o el nivel de ingresos.
El estudio, que ha sido coordinado por Javier Gil, muestra cómo los hogares que viven de alquiler presentan los niveles de renta más bajos, mientras que quienes obtienen ingresos del alquiler se sitúan entre los grupos con mayores ingresos. En concreto, la renta mediana anual de los hogares inquilinos es de 21.335 € frente a los 50.959 € de los arrendadores con una vivienda en alquiler. En el caso de los multiarrendadores (dos o más viviendas en alquiler), la renta mediana asciende a 80.375 € anuales, casi el cuádruple que la de los inquilinos. En el caso de quienes son propietarios de la vivienda en la que residen, la renta mediana anual asciende a los 32.120 €.
Otro dato que refleja que el mercado del alquiler transfiere renta de quienes menos tienen a quienes más acumulan se encuentra en la riqueza patrimonial. Los hogares inquilinos tienen una riqueza neta mediana de 2.217 €, frente a los 193.919 € de quienes son propietarios de su vivienda habitual. En el caso de los hogares que alquilan una vivienda a otros, su riqueza mediana neta alcanza los 407.975 € (184 veces la de los inquilinos). Y en el caso de los multiarrendadores, la cifra asciende a los 996.826 € (450 veces la de los hogares inquilinos).
El informe de Consumo, en colaboración con el CSIC, advierte de que esta desigualdad provocada por la vivienda se ha pronunciado notablemente durante las últimas décadas. En 2002, el 90% de los hogares acumulaba el 65,4% de la riqueza residencial, mientras que 20 años más tarde, en 2022, esa participación caía al 58,1%. Al mismo tiempo, el 10% más rico de la población ha pasado a concentrar del 34,5% al 41,9% del total. Además, en 2011, el 69,3% de los menores de 35 años era propietario de su vivienda; en 2022, esa proporción caía hasta el 31,8%, más de 37 puntos porcentuales en once años.
El informe concluye que las desigualdades económicas están determinadas principalmente por la posición que ocupan los hogares en el mercado residencial —ser inquilino, propietario o arrendador— más que por otras variables tradicionales como la edad o el nivel de ingresos. La brecha patrimonial de la población joven responde principalmente a su dificultad para acceder a una vivienda en propiedad y a su posición en el mercado residencial, más que a un factor estrictamente generacional.
Asimismo, el fuerte encarecimiento del alquiler en los últimos años agrava este doble efecto: cuanto más sube la renta, más recursos transfieren los hogares inquilinos a los arrendadores y menos capacidad de ahorro les queda para acceder algún día a la propiedad o acumular patrimonio por otras vías.
El estudio advierte que la revalorización del parque residencial y la subida de precios de los alquileres no son fenómenos neutrales, sino que benefician principalmente a quienes ya son propietarios y dejan fuera a quienes no lo son. Las diferencias en el acceso a la propiedad, la acumulación de patrimonio residencial y la obtención de rentas procedentes del alquiler se refuerzan mutuamente, ampliando las brechas económicas entre hogares.
Este estudio se enmarca dentro de la colaboración entre el Ministerio de Consumo y el Instituto de Filosofía del CSIC, que está orientada a compartir herramientas y procedimientos de captación, explotación y análisis de datos, así como bases de datos generadas por ambas instituciones en el ejercicio de sus respectivas actividades de investigación. El objetivo es reforzar el conocimiento sobre el mercado de la vivienda y, de forma específica, sobre las relaciones comerciales en el ámbito de la intermediación del alquiler y la compra de vivienda.
Sobre los autores
Javier Gil: Investigador Ramón y Cajal del CSIC, Doctor en Sociología por la UNED, autor de “Generación inquilina: un nuevo paradigma de vivienda para acabar con la desigualdad” (Capitán Swing, 2026).
Óscar Villas: Técnico Comercial y Economista del Estado, Vocal Asesor en el gabinete técnico de la Secretaría General de Consumo y Juego, graduado en Filosofía, Política y Economía por la UC3M.
Miguel García Duch: doctor en Economía y profesor del departamento de Economía Aplicada, Pública y Política de la facultad de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid.
Irene Lebrusán: Asesora Científica del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Doctora en Sociología por la UCM
Coordinación: Javier Gil