Esta cifra aprobada por el Gobierno podría ascender hasta los 970 millones de euros tras contabilizar los recursos que reciben los gobiernos de Euskadi y Navarra por el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra respectivamente
El nivel acordado para la financiación de la dependencia fue eliminado en el año 2012 y no fue recuperado hasta el año 2021, cuando se dotó con 306,9 millones de euros y comenzó una senda de crecimiento hasta alcanzar los 970 millones de euros actuales
Este incremento del nivel acordado, junto a la ampliación del nivel mínimo que ha aprobado el Gobierno de España, supondrá que, en 2027, el Estado abonará un total de 7.239,4 millones de euros a las CCAA y alcanzará el 50% de la financiación en dependencia
Este martes se vota en el Congreso de los Diputados la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia que obligará al Estado a asumir el 50% de los costes del sistema de dependencia, uno de los compromisos políticos del gobierno de coalición
Madrid, 14 de julio de 2026.- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, transferir a los gobiernos de las Comunidades Autónomas 904 millones de euros para la financiación del nivel acordado de la dependencia. Esta cifra supone una nueva transferencia récord para financiar el nivel acordado entre los ejecutivos autonómicos, además, el Gobierno calcula que esta cifra ascenderá a 970 millones de euros tras contabilizar los recursos que reciben los gobiernos de Euskadi y Navarra por el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra respectivamente.
Esta cantidad es, por segundo año consecutivo, la cantidad más alta en la historia de este nivel de protección, cuyo fin es complementar la financiación de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia que hay en cada CCAA conforme al cumplimiento de objetivos como la reducción de las listas de espera o la mejora del empleo en el sector.
Este nivel acordado fue eliminado en el año 2012 y no fue recuperado hasta el año 2021, cuando se dotó con 306,9 millones de euros y comenzó entonces una senda de crecimiento que alcanza ya los 970 millones de euros actuales.
6.200 millones de euros más en año y medio
El aumento de la inversión estatal en el nivel acordado ha ido de la mano del crecimiento exponencial de la financiación a la dependencia por parte del Gobierno de España a través del conocido como nivel mínimo. Una inversión que hace dos semanas experimentó una ampliación sin precedentes cuando el Consejo de Ministros aprobó, el pasado 23 de junio, un real decreto-ley que supuso duplicar las cuantías que el Estado transfiere a los gobiernos de las CCAA por cada persona con un grado de dependencia reconocido.
Esta histórica inversión, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, ha supuesto una refundación del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) y permitirá que, sumados los incrementos en el nivel mínimo y el nivel acordado, la aportación estatal a los ejecutivos autonómicos sea de 6.200 millones de euros más solo entre 2026 y 2027. Un esfuerzo récord que, solo en lo referente al nivel mínimo, implicará que los gobiernos de las CCAA reciban, de media, un 98,7% más de recursos por parte de la AGE para la dependencia.
La financiación Estatal se blinda al 50% por ley
El Gobierno de España ha cumplido su compromiso de asumir el 50% de la financiación global del sistema alcanzando un total de 7.239,4 millones de euros en 2027, incluyendo las subidas en el nivel acordado y el nivel mínimo.
El pasado jueves, la Comisión de Derechos Sociales del Congreso de los Diputados votó a favor de que este compromiso se convierta en una norma al incorporar a la reforma de la ley de discapacidad y dependencia la obligación del Estado de asumir el 50% de los costes del sistema de la dependencia.
El texto se votará en el pleno del Congreso de los Diputados este martes, de manera que, de aprobarse, la nueva ley de discapacidad y dependencia fijará y blindará por ley esa cofinanciación del 50% del Estado, completando la refundación del sistema de la dependencia y consolidando un modelo más robusto, estable y con mayor garantía de derechos.
La refundación del sistema
El objetivo de que los gobiernos autonómicos dispongan de una mayor financiación es avanzar en objetivos vitales como la reducción y agilización de las listas de espera, la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras, el aumento y mejora de servicios a las personas en situación de dependencia, la inversión en tecnología, y la ampliación de la teleasistencia o de la atención a domicilio.
Otro objetivo fundamental de esta ampliación de la financiación del SAAD es reforzar los recursos que reciben los gobiernos autonómicos para financiar los cambios estructurales que establece la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, actualmente en fase de tramitación en el Congreso de los Diputados. Una norma que reforzará el derecho de cada persona a elegir el servicio o prestación que desea y que incluirá nuevos servicios para la ciudadanía, como:
- Servicio de cuidados y apoyos en viviendas compartidas para adaptar el sistema de la dependencia a los nuevos modelos de convivencia y preferencias de las personas.
- Servicio de asistencia personal, con la finalidad de extenderlo a más personas y, especialmente a quienes tienen más necesidades de apoyo como las personas con discapacidad.
- Extensión del servicio de ayuda a domicilio a actuaciones en el entorno comunitario, para que las personas que reciben esta ayuda puedan ser, por ejemplo, acompañadas en actividades como ir al médico o hacer la compra.
- Productos de apoyo que mejoren la autonomía como sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz, que se proveerán mediante préstamo o cesión temporal.