Bustinduy ha instado a los ejecutivos de las CCAA a destinar esta histórica ampliación para seguir reduciendo las listas de espera, mejorar la intensidad y la calidad de las prestaciones que reciben los usuarios, y mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras
Además de este incremento estructural en la financiación del nivel mínimo de la dependencia, el ministro también ha trasladado a los gobiernos autonómicos que la aportación estatal para el nivel acordado volverá a superar los 900 millones de euros este año
Madrid, 29 de junio de 2026.- Este lunes se ha celebrado en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 el Consejo Territorial Ordinario de Servicios Sociales y del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) con la participación del ministro Pablo Bustinduy, la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, y los consejeros y consejeras de Derechos Sociales de todos los gobiernos autonómicos. Este encuentro se celebra seis días después de que el Gobierno de España aprobase un real decreto-ley para duplicar las cuantías que el Estado transfiere a las CCAA por cada persona con un grado de dependencia reconocido, y que supondrán un incremento récord de 6.200 millones de euros más entre 2026 y 2027.
Por ello, el ministro Bustinduy ha comenzado su intervención destacando que “esta es la mayor inversión social en décadas en este país”, e instando a los gobiernos de las CCAA, que son los que tienen la competencia de gestionar la dependencia, a destinar esta ampliación de la aportación estatal al sistema para priorizar tres objetivos: continuar reduciendo las listas de espera, mejorar la intensidad y la calidad de las prestaciones que reciben las personas usuarias, y mejorar y dignificar las condiciones laborales de las cuidadoras.
Pablo Bustinduy ha recordado, además, que esta ampliación de la financiación en dependencia es estructural, es decir, se consolida para los siguientes años y se blinda por ley para evitar posibles recortes en el futuro. De esta forma, ha manifestado, se trata de una medida histórica, “que supone una refundación del sistema”, y que se completará próximamente con la reforma de las leyes de Dependencia y de Discapacidad, actualmente en tramitación parlamentaria, y cuyo texto, ha defendido, “culminará una transformación del sistema de cuidados que deje atrás un enfoque asistencialista y permita avanzar hacia uno más más centrado en las personas, sus derechos, autonomía y voluntades”.
Así mismo, el ministro también ha recordado que esta reforma legislativa cuenta con un amplio respaldo social, y que ningún gobierno autonómico ha ofrecido argumentos en contra de su contenido. “La única reclamación que hacían las Comunidades Autónomas es que se necesitan recursos para que las nuevas leyes puedan desplegarse, y eso es lo que hemos puesto por delante: una mejora histórica de la financiación”, ha manifestado Bustinduy, al tiempo que hacía hincapié en que este “incremento inédito” de los recursos será destinado únicamente a la dependencia, “no se puede desviar a ningún otro fin”, ha subrayado, esgrimiendo que el Ministerio de Derechos Sociales dispone de mecanismos de control para asegurar esta gestión de los fondos.
Incremento también en el nivel acordado
La ampliación de las cuantías por grado entrará en vigor esta semana, el 1 de julio, y supondrá que los gobiernos de las CCAA vean incrementados un 98,7% de media sus fondos para financiar el nivel mínimo de la dependencia. Pero, además de esta vía, en el Consejo Territorial de este lunes se ha abordado la otra vía con la que el Estado financia el SAAD: el nivel acordado de protección.
Sobre este punto, Pablo Bustinduy ha trasladado a los ejecutivos autonómicos que el Gobierno de España también incrementará la financiación del nivel acordado. Incluirá, como el año pasado, una partida de 121 millones de euros adicionales a repartir entre las CCAA. Es decir, la inversión final a través del nivel acordado será de más de 904 millones de euros, cifra a la que hay que añadir los recursos que reciben Euskadi y Navarra a través del cálculo del cupo vasco y aportación navarra respectivamente, lo que implicará que, en total, la financiación total para este nivel alcance los 970 millones de euros. “Este ministerio ha cumplido con su parte. Ya nadie puede poner excusas o decir que faltan recursos. Llega el momento de que todas las administraciones podamos centrarnos en lo verdaderamente importante: cuidar mejor, cuidar antes y cuidar con más dignidad”, ha concluido el ministro Bustinduy.