Respuesta
La regulación de los derechos de las personas usuarias de academias y centros de enseñanza no reglada depende en gran medida de las comunidades autónomas. Por eso, las obligaciones concretas de información, publicidad, contratos, hojas de reclamaciones o control administrativo pueden variar según el lugar donde esté el centro o se preste el servicio. Además, se aplican las normas generales estatales de protección de las personas consumidoras y usuarias, publicidad, contratación y, en su caso, comercio electrónico. Si el curso se anuncia como oficial o vinculado a una titulación reconocida, también puede ser relevante la normativa educativa aplicable.
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