El Gobierno aprueba un decreto para garantizar la accesibilidad a las personas con dificultades de comprensión ● El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto para regular las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva y garantizar

dimarts, setembre 1, 2026 - 09:53
Bustinduy y Jesús Martín durante un acto

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto para regular las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva y garantizar así que las personas con dificultades de comprensión puedan ejercer sus derechos y tengan igualdad de oportunidades

La norma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, establece cómo debe garantizarse la accesibilidad cognitiva en ámbitos esenciales como centros sanitarios, telecomunicaciones, espacios públicos, infraestructuras, transportes, administraciones judiciales, espacios culturales o en procesos electorales

El decreto establece que toda información y comunicación deberá ser fácil de comprender y ofrecerse en formatos accesibles como lenguaje claro, lectura fácil, sonido, pictogramas, apoyos visuales o recursos tecnológicos sin coste adicional y sin retrasos

Estas actuaciones están dirigidas a personas con discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido, autismo, problemas de salud mental o parálisis cerebral, así como a personas mayores con deterioro cognitivo, personas en situación de analfabetismo o personas migrantes que no dominan las lenguas del Estado

Madrid, 1 de septiembre de 2026.- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto por el cual se constituye un reglamento de condiciones básicas de accesibilidad cognitiva, dirigido a garantizar que las personas con dificultades de comprensión tengan garantizado el ejercicio pleno de sus derechos y deberes de ciudadanía, así como la no discriminación y la igualdad de oportunidades. La norma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, establece cómo debe garantizarse la accesibilidad cognitiva en ámbitos esenciales de la vida y, de esta manera, posibilitar que toda la ciudadanía pueda comprender la información, comunicarse, orientarse en los entornos y realizar actividades con autonomía y sin discriminación.

Se trata de ofrecer herramientas, recursos y soluciones que hagan accesibles de forma cognitiva ámbitos como centros sanitarios, telecomunicaciones, espacios públicos, infraestructuras, transportes, administraciones judiciales o espacios culturales, además de procesos como, por ejemplo, los electorales.

Para ello, la norma establece que, en estos ámbitos, han de garantizarse herramientas que faciliten la comprensión de la información y la comunicación como el lenguaje claro, la lectura fácil o sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. También recursos de orientación, como la señalización accesible y los pictogramas. Y, así mismo, soluciones tecnológicas que mejoran la comunicación, la orientación y la realización de tareas.

El decreto, además, dispone de un enfoque universalista para beneficiar al mayor número posible de personas con dificultades de comprensión. Entre ellas se encuentran personas con discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido, autismo, problemas de salud mental o parálisis cerebral, así como personas mayores con deterioro cognitivo, personas en situación de analfabetismo o personas migrantes que no dominan las lenguas del Estado.

Con la aprobación de este reglamento, se cumple la disposición adicional segunda de la Ley 6/2022 de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, en lo referido a las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva aplicables en todo el territorio nacional. Y, al mismo tiempo, se constituye el primer marco normativo que hay en España sobre este tipo de accesibilidad, de manera transversal en la actuación de las administraciones públicas y de los diferentes prestadores de bienes y servicios.

De esta forma, el reglamento desarrolla los requisitos generales sobre información y comunicación que deberán cumplir todos los agentes públicos y privados, y las normas específicas aplicables en los siguientes ámbitos:

-    Telecomunicaciones y sociedad de la información
-    Espacios públicos, infraestructuras y edificación
-    Transportes
-    Bienes y servicios a disposición del público (incluidos los sanitarios)
-    Relaciones con las Administraciones Públicas
-    Administración de Justicia
-    Participación en la vida pública y procesos electorales
-    Patrimonio cultural e histórico
-    Empleo
En cada uno de estos ámbitos se establecen obligaciones específicas, adaptadas a sus características, para garantizar la accesibilidad cognitiva.

Por otra parte, el Ministerio de Derechos Sociales, a través del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (CEACOG), ya está trabajando en la elaboración de guías que faciliten la aplicación de las condiciones establecidas en el reglamento por parte de los distintos organismos públicos y entidades privadas responsables de su aplicación. De la misma manera, el CEACOG, que es centro asesor del Real Patronato sobre Discapacidad, está desarrollando iniciativas para hacer fáciles trámites administrativos como la declaración de la renta, el ingreso mínimo vital, el DNI o la regularización de personas migrantes.

¿Qué es la accesibilidad cognitiva?
La accesibilidad cognitiva es el derecho a comprender la información que nos proporciona el entorno, a dominar la comunicación que mantenemos con él y a poder hacer con facilidad las actividades que en él se llevan a cabo sin ningún tipo de discriminación. El Ministerio de Derechos Sociales recuerda que las funciones cognitivas deben ser tratadas de la misma forma que el resto. De forma que deben garantizarse entornos, servicios y herramientas para aquellas personas con dificultades de comprensión, igual que, por ejemplo, se aportan rampas o ascensores para personas con movilidad reducida.

En este enlace puedes ver un vídeo en el que se resumen los aspectos más importantes del reglamento: https://www.youtube.com/shorts/7EzK1YPXpNs