El trabajo de las educadoras y los educadores sociales como profesión representa un valor ya consolidado en el ámbito de la intervención social, procurando un beneficio no solo a las personas destinatarias concretas sino a la sociedad en su conjunto, con manifiesta incidencia en la protección de los derechos fundamentales y por tanto en el interés general.
La aprobación de los Estatutos definitivos completa el proceso de creación del Consejo General, y supone un paso clave para fortalecer su funcionamiento y el de los colegios profesionales de ámbito autonómico a los que representa, y sirve para consolidar la representación estatal de una profesión vital para el conjunto de la sociedad y los servicios sociales.