Indicadors Agenda 2030

Reducir la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) en un 10% para 2030, priorizando medidas dirigidas especialmente a familias monomarentales y monoparentales, las más afectadas con la situación de pobreza, situando a España por debajo de la incidencia de la UE.

Reducir la tasa AROPE para menores de 16 años en un 30% para 2030, priorizando familias monoparentales y las familias más afectadas.

Asegurar que el 60% de los hogares elegibles accedan efectivamente a las prestaciones asistenciales para 2030, optimizando los procesos administrativos, reduciendo las barreras de acceso mediante su simplificación, con un incremento sostenido para actuar en la reducción del riesgo de pobreza.

Reducir la privación material severa entre 0 y 16 años en un 30% para 2030, garantizando el acceso universal a bienes esenciales como alimentación, ropa y suministros básicos, priorizando zonas con alta incidencia de exclusión social.

Alcanzar un total de 10.000 beneficiarios de prestaciones económicas para personas con discapacidad, según clase de prestación, por tipo de discapacidad.

Impulsar los ingresos de nuestro sistema tributario, una fiscalidad más justa y el carácter redistributivo de los impuestos y prestaciones sociales con un enfoque medioambiental y de género para reducir desigualdades económicas, sociales y apoyar la transición ecológica.

Reducir el índice de Gini en 5 puntos para 2030 respecto a 2015 mediante la inclusión de mejoras en el SMI, sistema de empleo y otras políticas públicas.

Incrementar en un 40% la renta disponible del 40% de los hogares con menor ingreso mediante subida SMI, mejora sistema laboral y otras reformas fiscales redistributivas y sociales

Garantizar que, para 2030, el 100% de los menús escolares en centros públicos cumplan estándares de calidad nutricional y fomenten hábitos saludables.

Reducir la prevalencia de exceso de peso en la infancia y la adolescencia y su brecha por clase social en al menos el 20% mediante programas integrales en comedores escolares y campañas educativas, priorizando la implementación de políticas de prevención en comunidades con alta prevalencia de pobreza (Año Base 2014).

Incrementar las viviendas arrendadas como vivienda habitual, especialmente en las zonas del mercado residencial tensionado, con el objetivo de incorporar hasta un 10% del número de pisos turísticos (Año base 2021 datos INE), y priorizar el acceso a jóvenes con el fin de reducir su edad de emancipación, en colaboración con las distintas administraciones públicas (AGE, CCAA y EELL).

Reducir en un 50% los lanzamientos judiciales por causas económicas para ello se otorgarán ayudas directas y el fortalecimiento de los servicios de mediación por las autoridades competentes

Impulsar la creación de 500.000 empleos adicionales en el sector de los cuidados para 2030, con especial énfasis en la profesionalización y formalización del trabajo no remunerado actual.

Impulsar una cobertura del 100 % en colaboración con CCAA y EELL para personas con dependencia grado 3 (gran dependencia) y grado 2 (severa) en el Sistema Estatal de Cuidados.

Reducir la tasa de abandono escolar temprano al 9% para 2030, con atención especial a colectivos vulnerables (migrantes, población gitana, personas con discapacidad).

Aumentar progresivamente la inversión pública en educación hasta, al menos el 5% del PIB en 2030, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional VIII de la LOMLOE del PIB en 2030, fomentando acceso gratuito para menores entre 0-3 años.

Alcanzar el 1,5% de las personas desempleadas pertenecientes a colectivos vulnerables que reciban acciones formativas, frente al resto de personas desempleadas pertenecientes a colectivos especiales en 2030.

Incrementar la cobertura de servicios de salud mental en centros públicos antes de 2030, para que en todo el territorio haya un mínimo de 120 profesionales (psiquiatras y psicólogos colegiados) por cada 100.000 habitantes.

Reducir en un 20% la tasa de suicidios para 2030 mediante programas de prevención y detección precoz en colaboración con comunidades autónomas.

Reducir el número medio de meses para dictar la resolución sobre el reconocimiento de grado de discapacidad hasta alcanzar en 2030 los seis meses estipulados en el Real Decreto 888/2022 por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

Avanzar en el blindaje de los derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva, garantizando el acceso efectivo y equitativo a la prestación sanitaria de la IVE en la red pública del SNS para los casos de gestación avanzada, incrementando la proporción de IVE de ≥ 23 semanas realizadas en centros de titularidad pública (hospitalarios extrahospitalarios) hasta el 70% en 2030 en consonancia con la LO 1/2023.

Alcanzar el 0,80% del Índice de Estado de Derecho WJP (Rule of Law Index) garantizando que en España ninguna ley atenta contra el derecho de reunión, expresión, información y movilización ciudadana.

Alcanzar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) destinada a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para 2030, asegurando que al menos un 10% se destine a acción humanitaria.

Incrementar la tasa de empleo de las personas con discapacidad en hasta el 34,5 % en 2030 y específicamente la tasa de ocupación femenina en un 15%, con medidas específicas de apoyo en la contratación y la adaptación de puestos de trabajo, con prioridad en sectores sostenibles y estratégicos. (Año base 2021).

Aumentar en un 30% las incorporaciones para personas con discapacidad en la Administración Pública y las contrataciones en empresas privadas con más de 50 empleados mediante incentivos fiscales y cumplimiento estricto de la cuota de reserva del 7% mínimo, del que un 2% se destina a personas con discapacidad intelectual. (Año base 2021).

Asegurar que el 100% de los jóvenes (entre 16 y 29 años) inscritos en programas de Garantía Juvenil participen en programas, formación y empleo adaptados a sus necesidades antes de 2030.

Incrementar en un 30% la participación de personas mayores de 45 años en programas de reciclaje profesional y formación continua, con un enfoque en sectores estratégicos.

Incrementar el número de estudiantes matriculados en formación profesional dual en un 60% antes de 2030, fortaleciendo la colaboración entre empresas, cámaras de comercio y centros educativos garantizando la existencia de plazas formativas suficientes y promoviendo especialmente la participación de las pequeñas y medianas empresas.

Incrementar un 10% número de entidades de la Economía Social y sus empleos.

Incrementar en un 50% los recursos presupuestarios destinados a las entidades de la Economía Social

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 32% para 2030 respecto a los niveles de 1990.

Alcanzar un 48% de energías renovables sobre el consumo final de energía para 2030.

Alcanzar una mejora de la eficiencia energética del 43% (en términos de energía final), para 2030.

Reducir la dependencia energética hasta un 50% para 2030

Reducir la intensidad energética residencial al 0,66 tep/viv en 2030

Alcanzar 19 GW de potencia instalada en autoconsumo eléctrico para 2030.

Aumentar la inversión pública y privada en I+D+i hasta el 3% del PIB (asegurando un mínimo destinado a lo público de 1,25%) para 2030, alineada con los objetivos del PEICTI 2024-2027.

Aumentar en 2030 en un 35% el número de empresas en sectores de tecnología alta con respecto a 2015.

Reducir el consumo nacional de materiales en un 30% respecto al PIB (Año Base 2010).

Reducir la generación de residuos en un 15% en el año 2030. (Año Base 2010)

Aumentar al 60% la tasa de preparación para la reutilización y reciclado de residuos municipales en 2030.

Impulsar el uso de tecnologías avanzadas (Cloud, Big Data, IA) teniendo en cuenta las externalidades negativas al medio ambiente (consumo de electricidad y agua) para alcanzar el 90% de digitalización básica en las PYMES.

Lograr que el 40% de las PYMES vendan productos/servicios a través del comercio electrónico sostenible primando criterios de proximidad en 2030.

Aumentar para 2030 en un 20% el uso del transporte colectivo para la movilidad cotidiana, comprendiendo el transporte urbano, interurbano regular de cercanías y media distancia, (año base 2021).

Fomentar la electrificación del transporte privado, alcanzando al menos 5,5 millones de vehículos eléctricos en circulación para 2030.

Aumentar un 20% los Planes de Acción o Agendas Urbanas Locales aprobados de conformidad con la metodología AUE hasta 2030 (año base 2021).

En 2030, reducir a la mitad las emisiones contaminantes debidas a MP2,5 (partículas con un diámetro aerodinámico de ≤ 2,5 μm) con respecto al nivel registrado en 2005

Asegurar el buen estado del estado de las cuencas reduciendo al menos el 40% las cuencas hidrográficas subterráneas y superficiales con plaguicidas y nitratos con calidad moderada y mala (año base 2023).

Revertir la pérdida de biodiversidad. Alcanzar una mejora medible y cuantificable del estado de conservación de las especies silvestres autóctonas velando por que no se produzca ningún deterioro en las tendencias y el estado de conservación de ninguna de las especies manteniendo el 0,88 (año base 2021) en el Índice de la Lista Roja.

Aumentar el crecimiento del gasto turístico internacional total en actividades de turismo sostenible en las CCAA de la España Verde (Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco) y las del interior de España, con la excepción de la Comunidad de Madrid (Extremadura, Castilla y León, Castilla La Mancha, La Rioja, Aragón y Navarra) y Ceuta y Melilla en un 6,5% con respecto a 2024.

Incrementar un 25 % la superficie de agricultura ecológica antes de 2030. (Año Base 2015).

Aumentar en 2030 el Índice de Igualdad de Género EIGE al 80%.

Reducir hasta un 40 % de tasa de paro de mujeres con discapacidad.

Reducir un 5% la prevalencia de la violencia en pareja (actual o pasada) en los últimos 12 meses sobre el % del total de mujeres residentes en España de 16 o más años en 2030.

Aumentar en un 50% la proporción de personas con discapacidad que acceden y completan estudios superiores o formación técnica avanzada antes del año 2030, prestando especial atención a las mujeres con discapacidad.

Incrementar un 30% las personas con discapacidad mayores de seis años que pueden desenvolverse en los entornos públicos sin dificultad.

Reducir la tasa de infradenuncia en el ámbito de los delitos y discursos de odio al objeto de promover la visibilidad y concienciación sobre este tipo de delitos e incidentes.

Asegurar la existencia de recursos públicos para atender al 90% de las personas que solicitan acceso al sistema de acogida de protección internacional (SAPI).

Aumentar en un 20% el acceso equitativo a la participación cultural y a los bienes y servicios culturales para todas las personas, promoviendo la diversidad cultural y la inclusión social.

Reducir en un 30% la brecha territorial en la vida cultural garantizando la equidad en el acceso y la participación.

Reducir en un 40% la brecha de género en la vida cultural garantizando la igualdad de condiciones y oportunidades.

Aumentar en un 0,8% la participación del sector cultural en el conjunto de la economía española con respecto a 2015.