Madrid, 25 de agosto de 2026.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha reunido este martes en la sede del Ministerio con el relator especial sobre el derecho a una vivienda adecuada de la ONU, Koldo Casla, para abordar las cuestiones en materia de vivienda que en las que van a trabajar tanto desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como las diferentes iniciativas que se están impulsando desde el ministerio que dirige Bustinduy.
Koldo Casla, investigador vasco en Derechos Humanos y profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de Essex, es el relator de Vivienda de la ONU desde abril de este año. Casla ha incidido en repetidas ocasiones el creciente problema de acceso a vivienda asequible o la pobreza estructural relacionado con la vivienda en muchas sociedades. Para el relator de la ONU, la vivienda debe ser protegida como un recurso público para garantizar un derecho y pensar en ella como en la salud o la educación.
Por su parte, Bustinduy ha explicado que el Gobierno está trabajando para materializar el compromiso de aprobar un real decreto ambicioso en materia de vivienda que incluya una prórroga reforzada de los contratos de alquiler, una regulación de los alquileres de temporada y habitaciones y, entre otras medidas, un aumento en el IVA de los pisos turísticos para evitar la huida de viviendas del mercado residencial al alquiler turístico.
En el ámbito de sus competencias, el Ministerio de Consumo ha impulsado acciones en materia de vivienda como la sanción de 64 millones de euros a Airbnb por anunciar viviendas sin licencia de uso turístico o por incurrir en publicidad engañosa, además de lograr que Airbnb retirarse 65.000 anuncios ilegales de su plataforma, sumados a los 4.093 anuncios ilegales que ya había retirado Booking a solicitud del Ministerio en su lucha contra la publicidad ilegal de pisos turísticos.
Por otra parte, Consumo sancionó en abril de este mismo año a la empresa Alquiler Seguro con 3,6 millones de euros por prácticas abusivas contra sus inquilinos al vulnerar los derechos de los consumidores aprovechando su posición de predominio de mercado y abrió otro expediente a una segunda inmobiliaria por hechos similares.
Además, el Ministerio de Consumo y el Instituto de Filosofía del CSIC han firmado un convenio de colaboración, orientado a compartir herramientas y procedimientos de captación, explotación y análisis de datos, así como bases de datos generadas por ambas instituciones en el ejercicio de sus respectivas actividades de investigación.
El objetivo es reforzar el conocimiento sobre el mercado de la vivienda y, de forma específica, sobre las relaciones comerciales en el ámbito de la intermediación del alquiler y la compra de vivienda. Así, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 refuerza su apuesta por dotar a las instituciones públicas de más capacidad de análisis, más conocimiento y mejores herramientas para comprender las dinámicas del mercado de la vivienda y contribuir, desde el ámbito de sus competencias, a una mayor transparencia y a una mejor protección del interés general.