Con esta medida, el Gobierno de España incorpora por primera vez la prestación universal por crianza en una estrategia estatal como medida para erradicar la pobreza infantil más severa a corto plazo
De las 100 metas fijas, 75 amplían los objetivos internacionales con políticas adaptadas a las administraciones, situando a España en un referente del desarrollo sostenible a nivel mundial
Madrid, 10 de febrero de 2026.- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible, elaborada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y a propuesta de su titular, Pablo Bustinduy. La Estrategia está compuesta de 100 metas que tienen como objetivo reforzar el estado de bienestar y orientar las políticas públicas para que la transición social, económica y medioambiental de España se aborde garantizando derechos, igualdad y cohesión territorial, y se acelere, a su vez, la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Esta estrategia incluye políticas adaptadas a las administraciones de nuestro país y amplía los objetivos fijados a nivel internacional en 75 de las 100 metas incluidas. Entre los principales objetivos, destacan acciones como reducir la pobreza y la desigualdad, e incrementar la renta de los hogares con menos ingresos. Y como una de las medidas más novedosas se incluye la adopción de una prestación universal por crianza, una medida que el Gobierno de España incluye por primera vez en una estrategia estatal, señalando que este nuevo derecho lograría una importante reducción de la pobreza infantil.
Una prestación universal por crianza
El objetivo de esta prestación universal por crianza es que llegue al 100% de las familias con hijos menores a su cargo y acabar, así, con la pobreza infantil más severa de aquí a 2030. Se trata de una medida propuesta por Pablo Bustinduy, quien la ha reivindicado desde que tomó posesión de su cargo como la herramienta más eficaz para reducir la pobreza infantil, tal y como demuestran los datos en otros países donde se aplica, y que tendría que ir de la mano, defiende, de un modelo fiscal redistributivo, progresivo y justo.
Triplicar la inversión pública en vivienda
Otro de los objetivos principales que fija esta estrategia es el de mejorar el acceso a la vivienda, triplicando para ello la inversión pública en este área, con un aporte de 7.000 millones de euros de aquí a 2030. De esta forma, se busca alcanzar el 5% de vivienda en alquiler social en cuatro años.
La estrategia también plantea incorporar al mercado del alquiler hasta un 10% del número de viviendas que actualmente operan como alojamientos turísticos. En esta línea, el documento señala la importancia de la colaboración entre las diferentes administraciones públicas y de que más gobiernos autonómicos comiencen a aplicar la Ley de Vivienda para topar los precios del alquiler en las zonas más tensionadas. Así mismo, se señala la necesidad de priorizar el acceso a jóvenes a la vivienda con el fin de reducir su edad de emancipación.
Mayor igualdad de género e independencia energética
Entre las 100 metas de esta estrategia se incluyen acciones para avanzar en una mayor igualdad de género, estableciendo el objetivo de reducir la brecha salarial de género al 10% para 2030, y de reducir también el porcentaje de contratos a tiempo parcial de las mujeres, alcanzando el 55% respecto a los hombres. Se plantea también la necesidad de aumentar la tasa de actividad femenina del 5% con respecto a 2015, y de integrar a un mayor número mujeres en profesiones científicas y de investigación.
Por otro lado, con esta estrategia el Gobierno de España apuesta por más independencia energética, por un incremento de energías renovables y por una reducción de los gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo, fija más recursos para emergencias derivadas de la adaptación a fenómenos extremos climáticos. En paralelo, busca potenciar el turismo verde y de interior, y una mayor economía social, con más vertebración social y territorial de España.
Logros y objetivos pendientes
Durante la presentación de esta estrategia, en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de La Moncloa tras el Consejo de Ministros, Pablo Bustinduy ha destacado que desde que España asumió los compromisos de la Agenda 2030, las políticas transversales del Gobierno han dado como fruto “un descenso de la pobreza y de la exclusión, una mayor protección social, un aumento de energías renovables y un descenso de la emisión de gases de efecto invernadero, un menor desempleo, un récord de afiliaciones a la Seguridad Social y subidas del salario mínimo interprofesional”.
El ministro ha puesto de relieve también la importancia de seguir avanzando en estos objetivos, así como de atajar “los puntos débiles” que la Agenda 2030 nos ha descubierto como país, empezando por la vivienda y la pobreza infantil. Por ello, ha subrayado que esta estrategia está constituida por un diagnóstico “de dónde estamos y una serie de propuestas sobre qué necesitamos para seguir avanzando” y ha asegurado que fortalecer el estado de bienestar y potenciar el desarrollo sostenible es una manera de “seguir mirando hacia el futuro con ilusión y esperanza” frente al “auge ultra” y “la falta de humanidad” que, según ha alertado, estamos viendo en países como Estados Unidos, y también en España, donde estos movimientos “amenazan con consolidarse”.
Cuatro retos de país
Las 100 metas que se incluyen en esta estrategia se integran en cuatro retos de país son objetivos cuantificables y asociados a indicadores cuantitativos, para poder mejorar la capacidad de seguimiento y reforzar la transversalidad y la coherencia en las políticas públicas. Estos cuatro retos son:
● Reto 1: Un Estado del bienestar fuerte y universal para acabar con la pobreza y la desigualdad. Este eje refuerza las políticas de protección social y redistribución, y los servicios públicos. Entre sus objetivos se destacan la reducción de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE), con especial atención a la pobreza infantil, el refuerzo del acceso efectivo a las prestaciones asistenciales como el IMV, la garantía del derecho a la vivienda, la mejora del acceso a la educación y la salud, y la protección de los colectivos más vulnerables.
● Reto 2. Un sistema económico circular generador de bienestar y justicia social, laboral y ambiental. Este punto impulsa una transformación profunda del modelo productivo, orientada a la sostenibilidad y la creación de empleo digno. Entre sus metas se encuentra la descarbonización de la economía y el avance hacia un modelo de producción y consumo basado en la economía circular, la lucha contra la pobreza energética, el impulso de la innovación y las industrias de valor añadido. También incluye medidas para avanzar en la fiscalidad verde, la movilidad sostenible y la digitalización, así como mejoras en materia de empleo, especialmente a las personas con discapacidad.
● Reto 3. Una vertebración territorial sostenible para mejorar la cohesión social y abordar la emergencia climática. Algunos de sus objetivos son la adaptación territorial y social al cambio climático, la protección del medio ambiente y de los ecosistemas a través de medidas como revertir la pérdida de la biodiversidad o la creación de infraestructuras para actuar frente a emergencias climáticas, la revitalización del medio rural y la respuesta al reto demográfico, y la promoción de territorios más resilientes y sostenibles.
● Reto 4. Vidas libres, iguales y en comunidad. Con este eje se sitúan los derechos humanos y la igualdad estructural en el centro de la acción pública. En este sentido, destacan objetivos como el avance efectivo en la igualdad de género, la erradicación de las violencias machistas, la lucha contra todas las formas de discriminación y los discursos de odio, la mejora de la inclusión social de las personas migrantes y la garantía del acceso a la cultura como derecho fundamental.
La Estrategia se completa con un sistema de integral de coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible coordinadas, coordinadas por los diferentes ministerios competenciales para garantizar su cumplimiento a través de la coherencia normativa, el alineamiento presupuestario, el análisis y la evaluación o la rendición de cuentas. Con la aprobación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible el Gobierno refuerza su compromiso con la justicia social y garantiza el bienestar de las generaciones presentes y futuras, en línea con el principio de la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás. El documento también reafirma el apoyo de las estrategias y políticas públicas españolas al sistema internacional multilateral dirigido por Naciones Unidas.
Esta nueva estrategia, que renueva la anterior vigente durante el periodo 2020-2025, ha contado con un proceso colaborativo en el que han participado todos los departamentos ministeriales, gobiernos autonómicos, entidades locales, sociedad civil y entidades del ámbito académico y del sector privado.